Tomás Gómez
El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca trasladó a la Contraloría General de la República (CGR) la denuncia por aparentes irregularidades en una contratación entre la Dirección General de Migración y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
El negocio asciende a $8,8 millones (unos ¢5.100 millones) e incluye la administración de un centro de procesamiento de datos principal, así como uno alterno.
En una carta de seis páginas en legislador resume lo que a su parecer es una “extralimitación del régimen de contratación directa entre sujetos de derecho público”.
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Con la intención de contratar los servicios de un centro de procesamiento de datos, Migración inició un proceso que fue ganado por Racsa, pero en el cual también participaron la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como la compañía privada Codisa.
Los cuatro entes presentaron sus ofertas y fueron convocados a una audiencia adicional en la que la oficina migratoria realizó cuestionamientos complementarios.
Puntos críticos
Según la denuncia de Abarca, tras conocerse los proyectos de cada oferente y la resolución en la que se selecciona a Racsa como ganadora, surgen diferentes dudas en diferentes aspectos.
El principal es que dentro de la propuesta, Racsa hace referencia a un documento denominado “Especificaciones técnicas Renta – Data Center Principal y Alterno”, el cual no fue exigido al resto de los competidores.
Además, el político expone que los requerimientos para ofrecer servicios alternos se presentaron incompletos.
Finalmente, la misiva señala que Racsa no ofrece dispositivos para el servidor principal y no se cuenta con las licencias de sistemas para el secundario.
El caso de Guatuso
El escrito en cuestión dedica un espacio también a advertir que los servicios de Racsa se estarían alojando en el Data Center de Guatuso. Este es propiedad del ICE y carece de las certificaciones exigidas en el cartel.
Además, el diputado aporta pantallazos en los que desde antes de llamar a consulta a los potenciales oferentes, Migración tramitó la autorización de la contratación directa con las palabras “Datacenter Guatuso”.
Lluvia de dudas
Las denuncias por las supuestas irregularidades en esta contratación fueron dadas a conocer por el propio Abarca y la Cámara de Comercio.
Consultada al respecto, la Dirección General de Migración compartió un comunicado mediante su Oficina de Prensa en el que se sacudía de los cuestionamientos indicando que sus actuaciones estaban respaldadas por la ley.
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“Una vez valorada la información aportada, conforme a la normativa pertinente, dentro de ellos el estudio de mercado y precios, se determinó la conveniencia de realizar la contratación entre instituciones públicas”, exponía el texto.
Bajo esa argumentación llevaron adelante el vínculo comercial entre ambas instituciones, sellada con mediante la Contratación Directa 2019CD-00036-0008700001.
Sin entrar en detalles, Abarca cerró su denuncia argumentado que los puntos acordados en dicho contrato son diferentes a los que se planteaban en el estudio de mercado original al que convocaron al resto de oferentes.
