Rodrigo Díaz
Un vehículo de carga pesada con un valor de ¢10 millones tendrá que pagar un aumento de al menos un 3.600% en el impuesto a la propiedad del derecho de circulación.
Lo anterior ocurriría en caso de aprobarse un proyecto de ley que elimina la tarifa diferenciada que cancelan estos automotores.
La propuesta está lista para discutirse en el plenario bajo el expediente 21.143. En él se busca derogar un artículo de una ley que data de 1987 el cual establece el pago de ¢8.000 por cada vehículo de carga.
Este pago es para vehículos de transporte de carga pesada, sin importar el valor que tengan. El resto de los automóviles particulares cancelan un monto escalonado que se basa en su valor fiscal.
Ante sus implicaciones, representantes empresariales así como el diputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana, clamaron al gobierno para que se desconvoque el proyecto.
Afectación al parque empresarial
Entre los motivos para que se busque desconvocar la iniciativa, destacan la afectación tendría no solo para los empresarios del transporte, sino también por el aumento en los costos para los consumidores.
“Este cambio, que podría parecer pequeño, significa un inmenso impacto económico para el parque empresarial del país.
Cuando en 1987 se creó el impuesto sobre la propiedad de vehículos, se estableció una tarifa diferenciada y reducida para los camiones de carga, pues los legisladores indicaron claramente, durante la discusión del proyecto, que el fin de poseer este tipo de vehículos es totalmente distinto al de poseer un vehículo liviano de uso particular”, explicó Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Así lo dijo en una nota enviada el pasado 25 de febrero a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
Del mismo criterio es Lilliana Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).
“En este momento de pandemia, no es el momento oportuno. No se pueden crear o generar más tributos, sobre todo con ese incremento tan desproporcionado”, sostuvo la representante.
En su lugar, señaló que el gobierno debería tener un mayor control sobre los vehículos que evaden los controles de revisión técnica y pago de marchamo, en lugar de golpear a un sector que produce.
“Es un desincentivo a contar con mejores tecnologías”, agregó Aguilar.
Error que aumenta costos
Según el diputado Masís, que también adversa el proyecto de ley, el objetivo del pago diferenciado incluido en 1987, se hizo para que las cadenas de valor no subieran el costo ni en agricultura, construcción y otras áreas.
“Es un error que este proyecto camine. Al subirle el costo del marchamo a todos los transportistas, también se le está subiendo el costo a todos los costarricenses”, recalcó.
El legislador considera que es un proyecto perjudicial, desincentiva la economía y representa un impuesto muy alto para los transportistas.
Porcentaje excesivo
El problema de la eliminación de la tarifa diferenciada, implicaría que los transportistas pagarían, para el próximo año, la misma escala de los demás vehículos, lo cual tendría un impacto tremendo en relación con lo pagado el año anterior.
De acuerdo con Jenkins, un camión de carga que tenga, por ejemplo, un valor fiscal de 10 millones de colones ya no pagaría los ¢8.000 que actualmente cancela de impuesto a la propiedad.
En su lugar, pasaría a pagar cerca de ȼ300 mil solo por razón del impuesto a la propiedad. Es decir, el aumento del 3.600%, lo cual sería “claramente confiscatorio” de acuerdo para el representante empresarial.
Tampoco sería correcto, por un principio de razonabilidad, tratar como iguales vehículos que tienen condiciones y usos totalmente distintos.
“El sector productivo nacional se encuentra debilitado actualmente, debido a la grave situación económica que enfrenta el país. Por ello requiere de políticas urgentes de estímulos productivos y no de medidas que, por el contrario, aumenten los costos de producción, generen pérdida de competitividad a las empresas del país y atenten contra la necesaria reactivación económica y generación de empleo”, puntualizó Jenkins.
El proyecto es una iniciativa del diputado liberacionista Gustavo Viales. Ya fue dictaminado en la Comisión de Jurídicos desde el 25 de noviembre anterior.
Actualmente está listo para su discusión en el Plenario Legislativo. Si ningún diputado presenta mociones, se vota en primer debate conforme a las negociaciones políticas de la agenda.
En caso de incluírsele mociones, volvería a la comisión.
Rodrigo Díaz
