Paula Ruiz
Un grupo de diputados abrió una investigación a los encargados del manejo de recursos públicos utilizados en el bono Proteger que se habilitó por la pandemia.
El análisis político estará en manos de la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
De esta forma, son llamados a cuentas los siguientes funcionarios:
- Geannina Dinarte, ministra de Presidencia. En su puesto como jerarca de Trabajo estuvo a cargo de los bonos
- Juan Luis Bermúdez, presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Marta Acosta, contralora General de la República
Los congresistas se basan en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) quien catalogó como ineficiente e ineficaz la asignación de los recursos.
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El independiente Jonathan Prendas, uno de los promotores de la investigación, indicó que esto es necesario tomando en cuenta que fueron ellos mismos quienes autorizaron los recursos.
“A pesar de que (los implicados) han desmeritado apreciaciones de la Contraloría diciendo que es mala interpretación y que todo está en regla, cada vez que sale informe, vemos muchas dudas y preguntas”, dijo.
El reclamo del PAC
Desde la acera oficialista, el diputado Luis Ramón Carranza manifestó estar de acuerdo con la investigación.
Sin embargo, reclamó a los legisladores del foro por no tener interés en abrir análisis sobre aspectos relacionados a otros partidos políticos.
Carranza hizo énfasis al Partido Liberación Nacional por una supuesta irregularidad con el uso de fondos de la campaña municipal del 2010, así como por “las maletas de dinero en la campaña” ligadas a Restauración Nacional.
De inmediato, los liberacionistas Franggi Nicolás y Carlos Ricardo Benavides, reprocharon la acusación del rojiamarillo
Ambos coincidieron en la necesidad del PAC en apuntar hacia otras agrupaciones cuando de ellos mismos se trata.
“No es de recibo que salga con ese tema, se han investigado muchos casos de difernete orden en el país y no le luce cuando es su partido que fue ya condenado incluso, confirmado por Sala Tercera por estafar al país en materia electoral”, sentenció Benavides.
La moción fue aprobada este jueves.
Señalamientos de la Contraloría
Por otra parte, los problemas identificados por el ente contralor sobre el Bono Proteger radican en filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio. También en personas que, de acuerdo con sus condiciones, calificaban para recibir el beneficio y no lo recibieron.
Adicionalmente, el 16,4% de los bonos entregados entre los meses de abril y julio presentan riesgo de haberse otorgado a personas con algún impedimento para recibirlos.
“Dicho porcentaje representaría un total de ¢7.490 millones en posibles recursos que fueron asignados a personas que presentaban dicho riesgo”, detalló la entidad.
Luego de analizar las bases de datos y aplicación de entrevistas de beneficiarios se determinó que hubo niveles de riesgo medio y alto, de personas que entregaron información incorrecta, inconsistente o errónea.
“Por lo que se estima una eventual asignación de recursos, dada dicha situación, por montos que oscilan entre los ¢3.759 millones y ¢7.556 millones, respectivamente”, añade el informe contralor.
El Gobierno creó el Bono Proteger para girar, por tres meses, una ayuda económica, que oscilaba entre los ¢62.500 y los ¢125.000.
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