Paula Ruiz
Los diputados acordaron que sea el martes 25 de junio la fecha tentativa para votar la solicitud del Gobierno para convocar a un referéndum sobre la llamada “ley Jaguar”.
Así se acordó este jueves en la reunión de jefes de fracción, órgano en el que se dejó claro que es tentativa porque primero esperarán una resolución de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.
El jerarca debe aclarar las dudas de si se debe o no enviar consultas a la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) antes de esa votación.
Por tal motivo, Arias deberá presentar el próximo jueves una resolución en la que aclare ese camino a seguir. En caso de que indique que no es necesario realizar las consultas, se votará sobre la petición el 25 de junio.
Por el contrario, si se resuelve que sí es necesario ese procedimiento, deberán proceder a enviar las consultas y esperar la respuesta de las instituciones para poder proceder con la votación.
La eventual votación sería dos días antes del inicio del receso de los diputados que iniciará el 27 de junio, al finalizar la sesión de Plenario. Los diputados regresarán a funciones hasta el 8 de julio.
La oficialista Pilar Cisneros pujó para que este tema no se dilatara tanto, dado que Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), planteó la votación para el 27 de junio.
Cisneros externó su preocupación porque en caso de no verse ese día, la decisión se atrasaría por hasta dos semanas.
Sin análisis en comisión
Arias explicó que al existir un decreto en el que se solicita someter a votación el expediente 24.364, la Asamblea Legislativa no puede hacerle ninguna modificación.
Por tal motivo, no es enviado a alguna comisión legislativa para el análisis mediante consultas, audiencias, mociones, informes y todo aquello que conlleva su instancia en un foro legislativo.
“Nosotros publicamos los dos proyectos (el 24.364 y el 24.365). No se nos está pidiendo reformar este proyecto o adicionarlo o hacerle cualquier acción legislativa, se nos está pidiendo que lo adjuntemos a que se someta a referéndum”, resaltó el jerarca legislativo este jueves.
“Se debe aclarar que la ley que nos mandaron, que se está pidiendo que se envíe a referéndum, tenemos que darle es la admisibilidad correspondiente. Es un pase de admisibilidad, no es un estudio para ampliar, reformar, eso no se puede”, amplió.
Cuando llegue el momento de su votación en Plenario, solo es requerido un proceso, a diferencia de proyectos de ley que son sometidos a dos votaciones.
Cabe recordar que se requieren como mínimo 29 votos para autorizar el plan del Poder Ejecutivo, mediante el cual se solicita al TSE la convocatoria a referéndum.
Por otra parte, los diputados deberán aprobar este jueves una moción porque, reglamentariamente, la solicitud de referéndum debía votarse el próximo lunes 17 de junio, sin embargo, tras la decisión tomada, deben extender ese plazo.
¿Qué es la Ley Jaguar?
El proyecto de referéndum del Gobierno busca modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, también el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa para poder construir Ciudad Gobierno y la Ley de Japdeva, con el fin de facilitar la construcción de la marina en Limón.
Desde Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), los jefes, Óscar Izquierdo y María Marta Carballo, respectivamente, enfatizaron en que se sentarán a revisar en detalle el texto del proyecto para definir el criterio sobre el apoyo o no a la iniciativa que se quiere llevar a referéndum.
“Se mantienen todas esas dudas y nosotros como fracción estaremos entrando a analizarlas con celeridad”, indicó Izquierdo.
“Consideramos que hay bastante afectación al tema de la Contraloría, al control interno de la contratación pública y tocará analizar los alcances”, dijo María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC.
Desde el oficialismo, Cisneros defendió el proyecto asegurando que es falso que se quiera debilitar el control de la Contraloría General de la República sobre la Hacienda Pública.
“No entramos en detalle, pero es absolutamente falso. Lo que estamos alegando es que la CGR se está arrogando atribuciones que no tiene por ley, eso es lo que hemos venido reclamando”, dijo la diputada.
Cisneros dice que la CGR se ha convertido en un poder enorme y la ley no le da facultades para prevenir o advertir, que son “las cosas que ahora hace”.
El Ejecutivo ha cuestionado fuertemente los pronunciamientos del ente en proyectos como la marina para el Caribe y la construcción de Ciudad Gobierno, que busca unificar la sede de varios de los ministerios.
