Paula Ruiz
Los diputados acordaron una fecha para votar los informes emanados desde la Comisión Sinart, uno de mayoría y dos de minoría.
Los jefes de fracción fijaron el lunes 8 de julio como el día en que harán la discusión para proceder con la votación. Ese día, será el de regreso para los diputados, pues tendrán vacaciones efectivas cuando culmine la sesión de Plenario del 27 de junio.
El primero que se somete a votación es el de mayoría por estar firmado por más integrantes del foro legislativo. En caso de no tener el apoyo necesario, se continúa con los siguientes. Pero, si logra los votos requeridos, los informes de minoría no llegan a ser analizados en Plenario.
El informe de mayoría fue firmado por la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana; Dinorah Barquero y Danny Vargas, de Liberación Nacional, además de Ariel Robles, del Frente Amplio. A este se unió Johanna Obando, del Liberal Progresista, posteriormente.
¿Qué dicen?
Este documento indica que se usó la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión para politizar la pauta.
“Que la Agencia de Publicidad de Sinart fue utilizada con la finalidad de concentrar toda la pauta del Estado y que fuese politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la República”, dice una de las conclusiones del informe.
Los diputados consideraron que las acciones llevadas a cabo desde Casa Presidencial “comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes” al Sinart.
Además, señalaron al productor audiovisual Christian Bulgarelli como el encargado de redactar los términos y condiciones del contrato que le otorgó el BCIE por más de $400.000.
En el apartado de recomendaciones, los diputados le hacen 14 sugerencias al Ministerio Público para que investigue a todos los actores, incluidos los altos jerarcas.
“Investigar conforme a las potestades que le confiere la ley, la contratación de la empresa RMC La Productora de Christian Bulgarelli por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual también fue adjudicatario, así como a los funcionarios públicos Natalia Díaz Quintana y Jorge Rodríguez Vives por presuntamente facilitar de manera dicha contratación”, dice el documento.
También solicita que investigue las actuaciones de “Choreco” (Federico Cruz Saravanja, exasesor presidencial), así como las contrataciones realizadas por Kölbi-ICE, la Junta de Protección Social y Acueductos y Alcantarillados.
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Los de minoría
Uno de los informes de minoría lo presentó Ada Acuña, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el que se defiende la actuación realizada por el Gobierno.
En primera instancia, destaca que el Sinart recurrió a una lista de medios de comunicación para democratizar la pauta.
Sobre Bulgarelli, destaca que se trató de una contratación directa con el BCIE “con los recursos dispuestos dentro de la donación del millón de dólares para el país hayan tenido como finalidad mejorar la imagen del presidente de la República”.
Asimismo, señala a Patricia Navarro, exministra de Comunicación, como la responsable de haber llamado a Bulgarelli para que él preparara los términos técnicos de la Licitación Pública 032/2022, en la cual finalmente participó y fue contratado.
Para Acuña, Navarro violentó el deber de probidad al delegar a Bulgarelli la elaboración de esa licitación.
También, señala a la Contraloría General de la República por la supuesta afectación hacia el Sinart y la Agencia del Sinart debido a que el ente contralor emitió señalamientos y órdenes “a más de una docena de instituciones públicas referidas al presupuesto de la institución y las contrataciones con la institución”.
El segundo informe de minoría lo elaboró José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República quien toca temas relacionados a la audiencia de Esmeralda Britton, presidente ejecutiva de la Junta de Protección Socialy la democratización de la pauta dirigida a castigar o beneficiar medios de comunicación.
Britton indicó que trasladó el programa “La Rueda de la Fortuna” a canal 13 (anteriormente transmitido en canal 7) a solicitud del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Todo esto, a pesar de que no hubo un estudio de costo-beneficio.
“Que, de ser cierto, la actuación del Presidente Chaves Robles podría constituir una falta al deber de probidad, por cuanto pretendió castigar a un medio de comunicación sin tomar en cuenta el costo de trasladar el programa “Rueda de la Fortuna” de canal 7 a canal 13, cuando es claro que el alcance de dicho medio y su audiencia superan la del medio oficial”, indicó Sibaja en su informe.
Sobre la pauta estatal, el diputado señaló que no hay criterios para designar los recursos a medios de comunicación “alternativos” y se podría utilizar como castigo a los medios tradicionales que no llevan una línea gubernamental.
“La limitación a la libertad de prensa y las restricciones a la información de interés público no deben ser toleradas de ningún modo, por lo que esta y otras prácticas siempre merecerán la más enérgica condena”, puntualizó.
El diputado José Pablo Sibaja de Nueva República, presentó uno de los informes de minoría. (Foto Alonso Solano/El Observador)
