Paula Ruiz
Con 42 votos a favor y de forma unánime, los diputados acordaron abrir una investigación política a través de una comisión especial por el caso Cochinilla.
La propuesta de investigación la plantearon los congresistas Franggi Nicolás y Jonathan Prendas.
El diputado Prendas reconoció que es necesario llegar a la raíz del problema. “Y esta comisión va a darle transparencia, va a darle confianza a los costarricenses de la importancia de seguir creyendo en que se van a hacer las cosas correctas”, dijo.
Por su parte, Nicolás apuntó a que la Asamblea Legislativa no puede colocarse una mordaza por los colores políticos de las bancadas que la integran.
“Cómo es posible que tengamos funcionarios que se vendan por un kilo de carne. Hasta ese nivel hemos llegado. Esta Asamblea Legislativa tiene que ser fuerte a la hora de pedir cuentas al respecto”, declaró.
No solo MOPT y Conavi
La investigación legislativa no abarcará solo al MOPT y al Conavi sino a otros entes, destacó José María Villalta, diputado por el Frente Amplio.
De previo a la conformación del foro legislativo, el PLN informó que las diputadas Franggi Nicolás y Paola Valladares integrarán la comisión.
Faltarían otros cinco legisladores, uno por fracción, del PAC, PUSC, Restauración Nacional, uno de bancadas minoritarias y otro de independientes.
La comisión tiene a más tardar hasta diciembre para rendir los informes correspondientes tras la investigación realizada.
El caso
Desde el lunes pasado, 28 personas -tanto del sector privado como empleados públicos- quedaron detenidas en celdas del OIJ, donde comenzarían un proceso del que no se sabe aún su finalización.
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La investigación del Caso Cochinilla se lleva bajo el expediente 19-000025-1218-PE un legado de más de 500 páginas.
Hasta el momento se analizan los supuestos delitos de:
◦ Cohecho propio
◦ Tráfico de influencias
◦ Estafa
◦ Falsedad ideológica
◦ Uso de documento falso
La investigación de este caso se catalogó como “red de crimen organizado” según indicó el lunes el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Dijo además que durante el período de indagación que comprendió 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 se habían malversado ¢78.000 millones.
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