En el último día de trabajo del 2023, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 23.449 “Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales”.
La iniciativa evita que en el ámbito laboral, tanto público o privado, se generen acciones en contra de aquellos funcionarios que denuncien actos de corrupción, así como para quienes participen como testigos.
El proyecto lo presentó el Poder Ejecutivo en noviembre del año anterior y ya hoy se aprobó. Se pasará a Casa Presidencial para la firma del mandatario Rodrigo Chaves.
Lo que dice el texto
“Toda persona denunciante tendrá derecho a ser protegida contra las represalias laborales motivadas en la interposición de la denuncia, en virtud de lo dispuesto en la presente ley”, dice el texto de la iniciativa.
“Este derecho se garantizará con independencia de los motivos personales que tuvo la persona denunciante para denunciar”, añade.
Estas son algunas de las prohibiciones sobre represalias laborales que incluye la legislación:
-La suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes,
-Descenso o denegación de ascensos
-Cambios desfavorables en las condiciones de trabajo, tales como funciones, horarios, lugar de trabajo o remuneración,
-Restricción o discriminación en la promoción u oportunidades de formación
-Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo en el ámbito laboral
-Discriminación, o trato desfavorable o injusto
-La terminación anticipada de un contrato de trabajo a plazo fijo o por tiempo determinado
Asamblea Legislativa
Los requisitos
La nueva ley aprobada por los legisladores establece cuáles son los requisitos para poder estar dentro del fuero de protección de la persona denunciante.
Estos son algunos de ellos:
-Que denuncie la presunta comisión de un acto de corrupción.
-Que denuncie bajo la creencia razonable de que la información proporcionada demuestra la posible comisión del acto de corrupción, con base en pruebas o indicios.
“Además, el fuero de protección de esta ley aplicará a los compañeros de trabajo, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, así como terceras personas, que estén relacionados con el denunciante en el mismo contexto laboral y sufran represalias con motivo de la interposición de la denuncia”, indica el proyecto.