Paula Ruiz
Los diputados aprobaron en segundo debate el proyeto de ley 20.865 para la regulación del hospedaje no tradicional y sus intermediarios, como Airbnb y Booking.
La iniciativa contó con el respaldo de 40 legisladores y uno en contra, proveniente de la oficialista Paola Vega.
De esta forma, se establecieron algunos requisitos para los anfitriones, así como para las intermediarias, entre ellas, el pago de 13% correspondiente al Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA).
La aprobación se dio esta tarde, pese a la oposición de anfitriones y la aplicación Aibnb, quienes argumentaron que genera más burocracia así como un freno para emprendedores.
“La Ley (…) en su versión actual, afectará este componente próspero de la economía turística de Costa Rica, que crea oportunidades en las comunidades costeras y las zonas rurales de todo el país”, reclamó Airbnb
OBSERVE MÁS: Proyecto para legalizar Airbnb pasa primera prueba: apps y propietarios pagarán impuestos
El proyecto que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su trámite final, con tal de convertirse en Ley de la República establece las siguientes obligaciones para prestatarios del servicio:
- Inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Dirección General de Tributación para el pago de los impuestos establecidos por ley.
- Expedir factura digital desglosada con los servicios prestados.
- Velar por la seguridad, tranquilidad, comodidad y la intimidad de las personas usuarias de los servicios.
- Cada Municipalidad establecerá metodología para cobrar por esta actividad comercial.
Mientras tanto, las intermediarias como Airbnb, tendrán las siguientes condiciones:
- Inscribirse ante la Dirección General de Tributación para el pago de los impuestos establecidos por ley.
- También tendrán que retener y pagar los impuestos a Tributación, en caso de que el usuario realice la reservación por esta vía.
- Facilitar la información requerida por instituciones del Estado, sobre prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional.
- Tendrán que especificar, si los servicios ofrecidos cuentan con la Ley 7.600.
El artículo 10 de esta legislación que se pretende, establece que el ICT creará un registro digital y público de las empresas comercializadoras o intermediarias.
Desde el momento en que entre en vigencia la Ley, los anfitriones tienen un año para inscribirse en el registro de prestatarios del servicio y, durante dos años no están obligados a cumplir la Ley 7.600.
Como excepción, los diputados estipularon que, aquellas personas que brindan el servicio dentro de sus hogares, no están obligados del todo a aplicar la 7.600 de accesibilidad.
El sector hotelero había pujado por la aprobación de este proyecto, pues consideraban que se generaba una competencia desleal, debido a las cargas sociales y tributos que ellos sí tenían que pagar.
Según datos de Airbnb, en 2018, los anfitriones hospedaron 524 mil turistas.
OBSERVE MÁS: Anfitriones critican proyecto de ley para regular Airbnb: “nos está dando un tiro en la cabeza”
