Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron una moción, para que entes públicos en competencia – tal como hasta ahora – no apliquen el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. El numeral establece las excepciones para contrataciones directas.
De esta forma se incluiría la excepción dentro del texto del proyecto 21.014 “Ley de Lucha Contra el Uso Abusivo de la Contratación Administrativa entre Entes de Derecho Público”. El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca lidera la iniciativa.
José María Villalta del Frente Amplio presentó la moción. Contó con el respaldo de los liberacionistas Daniel Ulate, Roberto Thompson y Ana Karine Niño, además de las oficialistas Paola Vega y Luis Ramón Carranza.
Se aprobó lo siguiente:
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la excepción sí podrá ser empleada para contratar entes públicos en competencia sin aplicación de los procedimientos de concursos establecidos en esta Ley, en tanto la contratación del ente público garantice la eficiencia de la administración.
Villalta aceptó que se deben frenar abusos en contrataciones entre entes públicos. Pero defendió que no puede ir en detrimento de instituciones que prestan sus servicios.
“Una cosa es frenar prácticas abusivas y otra quitarle a instituciones una herramienta para maximizar sus propios recursos (…) como por ejemplo el ICE que cuenta con experiencia y puede prestar a otro ese servicio, por lo tanto esa contratación debe facilitarse”, señaló el frenteamplista.
Vega compartió que se buscan frenar los abusos. Pero dijo que la discusión debe ir más allá del conflicto entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y el Ministerio de Justicia y Paz, por el servicio para el monitoreo electrónico de reos.
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En desacuerdo
Ante la inminente votación, Abarca solicitó un tiempo para poder lograr una moción con mejor respaldo cuando la discusión se traslade al Plenario.
El congresista del PUSC defendió que su proyecto también pretende evitar la tercerización de contratos, cuando una entidad pública no tiene la experiencia para brindar el servicio.
Para defender su propuesta, Abarca recordó algunos casos donde hubo posibles abusos por contrataciones con montos excesivos:
- Contrato para el servicio de factura electrónica por $8,5 millones entre el Ministerio de Hacienda y la ESPH
- Data center por $20 millones entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- Convenio entre ICE y ESPH para la instalación de árboles por $735.000
- Contrato por $1,5 millones entre el Consejo de Transporte Público (CTP) y Racsa para servicio de GPS
- Contrato por más de $8,9 millones entre Migración y Racsa para data center
Pedro Muñoz calificó de “corrupción” lo que se da en estos contratos, por lo que criticó a Villalta.
La moción aprobada fue de consenso. Por lo tanto dejaría sin respaldo la liderada por el PLN y PAC. Esta moción buscaba permitir a entes públicos, el establecimiento de un registro de servicios privados para brindar servicios. Esto sin tener que hacer los trámites correspondientes en la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto de ley se encuentra en su etapa de mociones en la Comisión de Económicos.
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