Paula Ruiz
Desde las fracciones de los partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y Liberación Nacional (PLN) celebraron la decisión de la Contraloría General de la República, de ordenar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a aplicar la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas en materia de incentivos y pluses salariales.
El PUSC había solicitado a la Contraloría la nulidad del acuerdo entre la CCSS y sindicatos de salud del 12 de agosto, que dieron pie a la finalización de la huelga en ese sector.
De acuerdo con Pedro Muñoz, diputado socialcristiano, lo resuelto por la Contraloría es una advertencia para los gremios, en el entendido de que desde el Poder Legislativo estarán atentos al cumplimiento de esta legislación, vigente desde el 5 de diciembre, sin que nadie se quiera salir del saco.
De hecho, las municipalidades y las universidades tampoco quieren aplicar la regla fiscal, incluida dentro de esta Ley número 9635.
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“Que los gremios lo sepan: que el Poder Legislativo es el primer poder de la República y aplicará toda la fuerza e institucionalidad para que nadie se quede fuera de la Ley, no haya castas, gremios, ni privilegios incluido el Poder Judicial”, sostuvo Muñoz.
Cabe recordar, que aunque si bien la regla fiscal no aplica para la Caja, sí deben de pasar los incentivos a ser nominales, en vez de aplicarse de forma porcentual.
Por su parte Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN, apuntó a que tras esta orden de la Contraloría, el presidente Carlos Alvarado debe pedirle la renuncia a Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, quien firmó el acuerdo con los sindicatos.
“Me parece que su salida es impostergable en este momento”, señaló la liberacionista.
Mientras Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional al igual que Muñoz, declaró que todas las instituciones deben aplicar la regla fiscal y los pluses salariales tal cual se establecieron en la Ley.
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