Tomás Gómez
El futuro legislativo del Acuerdo de Escazú sigue siendo incierto pues la fracción del Partido Liberación Nacional aún no define que hará con sus votos que son clave.
A la fecha hay un empate virtual entre quienes respaldan o rechazan el polémico tratado, por lo que los 17 votos verdiblancos terminarán de inclinar la balanza.
Desde hace semanas, el grupo defiende que intentan tener una línea homogénea de fracción. Sin confirmar si su voto será a favor o en contra.
La bancada espera ahora una nueva revisión del texto en la Comisión de Asuntos Internacionales con el fin de disipar algunas dudas.
La semana anterior, el excandidato presidencial y líder del PLN, Antonio Álvarez, advirtió que sería un error que la bancada verdiblanca apoyara la ratificación del Acuerdo de Escazú. Señaló que eso tendría consecuencias económicas, jurídicas y políticas.
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“Hemos considerado que lo que procede es que el texto pueda ser conocido en la Comisión donde se dictaminó. De manera que puedan realizarse las consultas pertinentes, las cuales no fueron realizadas anteriormente”, explicó María José Corrales, jefa de fracción.
La líder de los liberacionistas indicó que incluso respaldarían dar un plazo específico al trámite para avanzar rápidamente con el procedimiento.
“Esta es la posición que estaríamos adoptando con respecto a este proyecto; de manera que podamos contar con el sustento técnico necesario y poder analizar así las respuestas, previo a una votación en Plenario”, concluyó.
El Plenario se encuentra dividido de cara al Acuerdo de Escazú: PUSC y Nueva República están en contra y el PAC y el Frente Amplio a favor. Restauración dice que hay otros temas pendientes y Liberación no termina de decidirse (Archivo)
Alertas rojas por impacto de Escazú en la economía
Aunque en febrero del 2020 los diputados ratificaron de manera unánime el Acuerdo de Escazú, la Sala Constitucional anuló el procedimiento por errores procesales.
Ahora, ante la reactivación del tema en la Asamblea Legislativa, no son pocos los sectores productivos que han señalado los portillos abiertos por el tratado.
Tras calificar la normativa de “inconstitucional”, la Unión de Cámaras (Uccaep) sintetizó sus falencias en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
Bajo la presión de la ONU y el presidente Carlos Alvarado
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde hace 3 años, pero ambos países toman distancia ahora.
El documento fue firmado por 24 países pero requiere de la ratificación legislativa. 12 países de la zona ya cumplieron en paso, lo que puso a regir el Acuerdo a fines de abril.
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Se trata de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además, lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Durante su jornada de inauguración, la ONU emitió un mensaje de presión a Costa Rica para que se sumara al acuerdo.
Instamos a #CostaRica a unirse al #AcuerdoDeEscazu, un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región. Hoy #DiaMundialDeLaTierra entra en vigor este acuerdo que ya ha sido ratificado por 12 países. https://t.co/3Cz4KHGky0
— Naciones Unidas Costa Rica (@UNCOSTARICA) April 22, 2021
En la misma línea de respaldo está también la posición del Poder Ejecutivo.
“El Acuerdo de Escazú lleva ese nombre como reflejo del liderazgo del país en la materia. Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales. Y no debe ser sujeto de miedos, cálculos o excusas para nadie”, dijo el presidente Carlos Alvarado en su Informe Anual de Labores.
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“A todas luces lo correcto es ratificarlo”, exigió el presidente ante los diputados.
Tras incluirlo y sacarlo de la agenda legislativa varias veces, el presidente Carlos Alvarado admtió la simpatía del Gobierno hacia el Acuerdo de Escazú (Foto Asamblea Legislativa)
