Tomás Gómez
Diferentes fracciones legislativas ya adelantaron su posición sobre el polémico “Acuerdo de Escazú”, generando casi un empate entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan, lo que deja el peso de la decisión a la bancada de Partido Liberación Nacional.
Con 17 votos, el PLN tendría la posibilidad de inclinar la balanza.
¿Cómo votarán? La decisión se estaría tomando en la próxima reunión de fracción y los criterios son variados según un sondeo realizad por El Observador entre los verdiblancos.
“Analizar”, “cambiar”, “consensuar”
La jefa de fracción del PLN, María José Corrales, es del criterio de respaldar el Acuerdo de Escazú pero a la vez espera una revisión grupal.
“No puedo decir que exista un criterio unificado sobre el proyecto, que en mi caso lo considero importante que se apruebe”, señaló.
“A lo interno de la fracción vamos a continuar planteando las discusiones pertinentes con respecto al tema para valorar si es necesario realizar modificaciones, que evacúen las dudas que se presenten y evaluar la continuidad del apoyo a la iniciativa”, agregó.
Con ella coincidió Gustavo Viales, quien adelantó que apoyaría el Acuerdo, pero con la condición de realizarle ajustes.
La diputada Yorleny León, por su parte, sigue estudiando el texto y Daniel Ulate explicó que revisaría las observaciones que ha hecho la Sala Constitucional al documento.
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Otros de sus compañeros advirtieron que esperarán a la sesión de fracción para buscar un consenso.
Tal fue el caso de Jorge Fonseca, Aida Montiel y Ana Lucía Delgado.
“Se ha avanzado en la verificación del mismo y estamos a la espera de conocerlo en reunión de fracción”, explicó Delgado.
La fracción liberacionista intentará tener una postura única de cara al Acuerdo de Escazú (Cortesía).
Los que ya tomaron partido
A la fecha, el Acuerdo de Escazú tiene respaldo de los 10 diputados del PAC, la diputada socialcristiana María Vita Monge y José María Villalta del Frente Amplio.
“Reafirmamos nuestro total apoyo a este instrumento internacional, inédito e histórico, que implementa mecanismos para el respeto pleno y efectivo de los derechos humanos ambientales en la región latinoamericana y el Caribe”, postuló el oficialismo.
En la acera contraria, al menos 14 legisladores le anuncian la guerra.
“Nos preocupa enormemente las implicaciones negativas que el Acuerdo de Escazú generaría al sector productivo y a la generación de empleo, en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía”, indicó el PUSC en un comunicado.
“Es un acuerdo que va a ponerle palos a la carreta a la producción”, agregó Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción de los rojiazules.
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El bloque afín a Nueva República dijo por su parte que “el ambiente y el desarrollo sostenible, por supuesto que deben ser parte de la agenda del Congreso, pero el Acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, es ambiguo y entorpece los procesos de toma de decisiones”.
Están en juego además los 7 votos de Restauración Nacional, pero éstos no ven ambiente en este momento para que el Congreso tenga ese debate.
Según el jefe de fracción, Eduardo Cruickshank, el grueso de la agenda lo seguirá teniendo Empleo Público. En esa línea, su bancada aún no se aproxima al Acuerdo de Escazú.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
Empleadores advierten
Por medio de diversos análisis, los sectores productivos han advertido que el Acuerdo de Escazú incluso tiene factores inconstitucionales.
Según explica la Uccaep entre las principales vulnerabilidades están:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también alertaron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) enfatizó que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
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El clamor del Presidente
Nada de ello impidió que el presidente Carlos Alvarado, saliera en defensa del Acuerdo, durante su informe anual que presentó en el Congreso el martes 4 de mayo anterior. “A todas luces lo correcto es ratificarlo”, afirmó.
“El Acuerdo de Escazú lleva ese nombre como reflejo del liderazgo del país en la materia. Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales. Y no debe ser sujeto de miedos, cálculos o excusas para nadie”, expuso.
Durante la puesta en marcha del Acuerdo dos semanas atrás las Naciones Unidas (ONU) también habían presionado al país para que avanzara en su proceso de adhesión al Convenio.
Instamos a #CostaRica a unirse al #AcuerdoDeEscazu, un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región. Hoy #DiaMundialDeLaTierra entra en vigor este acuerdo que ya ha sido ratificado por 12 países. https://t.co/3Cz4KHGky0
— Naciones Unidas Costa Rica (@UNCOSTARICA) April 22, 2021
