Tomás Gómez
Diputados de diversas fracciones levantaron su voz en contra de la decisión del Ministerio de Justicia de extender su polémico contrato de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Pese a los cuestionamientos sobre esta contratación que El Observador dio a conocer, el Ministerio tramita ante la Contraloría General de la República una prórroga de al menos dos años.
El proceso legal, los resultados y los términos de negociación forman parte de las dudas.
No obstante, varios legisladores emprendieron ya acciones para frenar la acción ministerial y pedir cuentas.
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Tobilleras a la Fiscalía
Una de las voces más críticas contra la gestión de las tobilleras la representa la diputada evangélica Floria Segreda quien recurrió en los últimos días a la vía judicial.
“Desde hace ya más de un año he cuestionado ampliamente el manejo que se le ha dado al programa de las tobilleras electrónicas por parte del Ministerio de Justicia y Paz, ya que las anomalías han sido muchas y muy graves”, dijo Segreda.
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La legisladora denunció a la ministra actual, Fiorella Salazar, pues considera que aún falta sentar responsabildades por las decisiones de la institución.
Las denuncias se remitieron a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que cada una evalúe, desde su ámbito de acción, el negocio de las tobilleras.
Licitación internacional e intervención presidencial
Las quejas por los contratos “a dedo” con la ESPH también tienen eco en la Unidad Social Cristiana y el bloque Nueva República.
El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca incluso pidió la intervención del presidente Carlos Alvarado para ajustar la contratación las tobilleras.
Abarca recordó que desde un inicio se criticaron las falencias del acuerdo entre Justicia y la ESPH y “el tiempo dio la razón”.
“Esa figura nunca debió haberse aplicado en un tema tan complejo”, señaló.
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Con él coincidió el independiente Jonathan Prendas para señalar el manejo de los recursos en el plan de tobilleras.
“El contrato ha salpicado a dos jerarcas de Justicia y sigue sin dar los resultados esperados. Se sigue gastanto como si fuera un caso exitoso pero es solo un gasto sin control”, dijo.
Ambos plantearon que ante el escenario actual lo más propicio sería un concurso internacional. La medida contemplaría los temas de precios y competencia, lo que permitiría una comparación con el formato actual.
“Debería publicarse la licitación internacional que desde hace rato viene diciendo el Ministerio”, concluyó Prendas.
El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca instite en que los contratos entre empresas estatales no deben quedar por la libre. En su paso por el Congreso ha presentado varios proyectos para que casos como el de las tobilleras no se repitan. De ellos, el que más ha avanzado es la reforma a la Contratación Pública (Asamblea Legislativa).
Las tobilleras de la discordia
El plan para el monitoreo con tobilleras electrónicas se consolidó durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
Durante la gestión de la Ministra de Justicia Cristina Ramírez se promovió una contratación vía Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su sustita, Cecilia Sánchez, cambió el plan y realizó el negocio con fondos del presupuesto nacional.
Como formato se eligió una negociación entre entes públicos, en la que participaron RACSA y la ESPH, ganando esta última.
La decisión generó dudas desde un inicio por temas como la necesidad de subcontratar servicios dada la inexperiencia de la ESPH en la materia.
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Para el 2018 dos denuncias llevaron a la Fiscalía a investigar el caso.
Originalmente se abrió la investigación contra “ignorado” bajo el expediente 18-000094-1218-PE pero a fines del 2020 se convocó en calidad de imputados por el caso a:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado. Hijo de la exministra Cecilia Sánchez.
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ donde se profundizó la gestión de representantes de la ESPH en diferentes procesos para eventuales contrataciones públicas.
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El supuesto delito señalado es tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.
Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de prisión de 2 a 5 años.
Hasta setiembre del año anterior, el plan de las tobilleras había alcanzado un costo de $24,1 millones (MJP)
