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Diputados envían presupuesto del 2020 a Sala IV para cuestionar sus recortes

Trece diputados de seis fracciones firmaron este viernes una consulta de constitucionalidad para cuestionar algunos de los recortes incluidos por…

Por Tomás Gómez

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Diputados envían presupuesto del 2020 a Sala IV para cuestionar sus recortes
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Trece diputados de seis fracciones firmaron este viernes una consulta de constitucionalidad para cuestionar algunos de los recortes incluidos por el Gobierno para el presupuesto del próximo año.

En ella, se señalan:

  • Redireccionamiento de ¢35.000 millones del presupuesto de las universidades públicas para gastos de capital.
  • Disminución de ¢18.000 millones para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
  • Limitaciones presupuestarias para el Poder Judicial.

Según el escrito de los legisladores, se estarían violando la Constitución Política y tratados internacionales sobre niñez y adolescencia.

“Evidentes desequilibrios”

La consulta fue liderada por el diputado frenteamplista José María Villalta.

Según él, el Estado está incumpliendo con destinar el 8% del presupuesto a la educación y junto con los recortes planteados, se estaría afectando a los sectores más pobres.

“Hay un evidente desequilibrio en la atención al déficit. El gobierno recorta y recorta, perjudicando los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, pero vemos tímidos avances en el fortalecimiento de la recaudación y el combate al fraude fiscal”, mencionó Villalta.

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Junto a su firma aparecen las de los oficialistas Paola Vega, Mario Castillo, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza y los liberacionistas Karine Niño y Daniel Ulate.

También respaldaron la consulta los evangélicos Xiomara Rodríguez, Giovanni Gómez y Mileidy Alvarado, el republicano Otto Roberto Vargas y Walter Muñoz y Patricia Villegas de Integración Nacional.

Diversos jerarcas han pasado por la Comisión de Asuntos Hacendarios para defender el presupuesto institucional de cara al 2020.

Planeación de fondos

El presupuesto nacional del próximo año fue presentado a la Asamblea Legislativa por la exministra de Hacienda Rocío Aguilar el 30 de agosto anterior.

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Su monto alcanzó los ¢10,5 billones, de los cuales un importante monto se dirige al pago de intereses.

La Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dio su aval a la propuesta el 16 de octubre y ahora le tocará al Plenario tener la palabra final.

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