Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron el proyecto de ley “Pagar”, impulsado por el Poder Ejecutivo y que pretende utilizar superávit de instituciones públicas para el pago de la deuda.
La iniciativa inicialmente contemplaba a once instituciones, sin embargo, solo quedaron seis dentro de la propuesta que ahora inicia su etapa de mociones.
Así las cosas, inicialmente se pretendían girar ¢227.000 millones al Ministerio de Hacienda, pero con la exclusión de entidades y disminución de montos con respecto de la propuesta original, se reduce a ¢85.554 millones.
Las instituciones que girarían dineros son:
- Junta de Protección Social (JPS): ¢15.000 millones
- Instituto de Desarrollo Rural: ¢17.000 millones
- Imprenta Nacional: ¢18.598 millones
- Registro Nacional: ¢24.000 millones
- Fondo del Consejo de Salud Ocupacional: ¢10.000 millones
- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud: ¢956 millones
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El planteamiento original del Ejecutivo, contempló que la JPS giraría ¢34.000 millones y el Consejo de Salud Ocupacional ¢18.000 millones, sin embargo, las jerarcas de ambas instituciones, advirtieron que podían colaborar con menor cantidad, lo cual fue contemplado en la moción de texto sustitutivo que aprobaron este miércoles.
Las excuidas
Los congresistas excluyeron al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que iba a girar ¢33.000 millones, el Incop con ¢536 millones, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) con ¢6.000 millones, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) con ¢40.000 millones y 25.804 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Los cambios fueron impulsados tras una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR).
Marta Acosta, contralora General de la República, había declarado que la iniciativa de ley fue presentada en febrero anterior, con una situación muy distinta a la actual de pandemia.
Según la jerarca eso hace presumir que al igual que el Gobierno Central, hay entidades cuyos ingresos se vieron reducidos y por tanto deben de utilizar dinero de los superávits para operar.
Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista e integrante del foro legislativo, confirmó que tras las verificaciones con cada institución, hubo algunas apremiadas por la coyuntura actual provocada por la emergencia nacional a raíz de la COVID-19.
“Se dictamina por un monto superior a 85.000 millones de colones y va para la deuda, no puede ser destinado a ningún otro fin en virtud de que la exposición de motivos es amplia para establecer el destino como corresponde”, explicó.
Sobre el ICT, sentenció que no había viabilidad jurídica ni técnica, debido a la afectación por la pandemia.
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