Paula Ruiz
Siete diputados investigarán si Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, fue negligente en varias acciones, que tienen como punto de partida la pérdida de un audio de la entrevista con el presidente Carlos Alvarado en la investigación que realizó la Defensoría sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La Ley de la Defensoría establece como una de las causales de cesación al puesto la “negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo”.
Sin embargo la decisión sobre la negligencia quedará en manos de este grupo de diputados, tal cual lo establece esa misma Ley.
Los encargados de determinar si Crespo fue o no negligente son:
- Jorge Fonseca y Aida Montiel de Liberación Nacional
- Nielsen Pérez – Acción Ciudadana
- Melvin Núñez – Restauración Nacional
- María Inés Solís – Unidad Social Cristiana
- Otto Roberto Vargas – Partido Republicano Social Cristiano
- Erick Rodríguez – independiente
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- Diputado Jorge Fonseca. (Asamblea Legislativa)
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- Aida Montiel (izq.) será parte de la Comisión. (Agencia Ojo por Ojo para El Obsrevador)
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- Diputada Nielsen Pérez, PAC. (Asamblea Legislativa)
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- María Inés Solís, diputada PUSC. (Paula Ruiz/El Observador)
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- Diputado Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano. (Asamblea Legislativa)
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- Diputado Erick Rodríguez, vuelve a su plaza en el Ministerio de Salud. Cortesía Asamblea Legislativa
Vaivén en el Congreso
El 25 de junio anterior, un grupo de congresistas presentó una moción para abrir la investigación contra Crespo.
Sin embargo retiraron ese plan y fue hasta la semana pasada cuando Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso, decidió abrir ese análisis.
“He tomado la decisión de conformar una comisión de siete miembros, para que en un plazo de 15 días hábiles emita un informe sobre las actuaciones de la Defensora de los Habitantes, y que luego el Plenario Legislativo determine si incurrió o no en alguna negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico», anunció Cruickshank.
Franggi Nicolás, una de las diputadas más críticas de la Defensora, manifestó que además de la pérdida del audio de entrevista con Carlos Alvarado, borró el nombre de Rodolfo Piza, exministro de la Presidencia en la investigación de la UPAD.
A la vez, fue acusada de beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por su ligamen con el PUSC.
“El tiempo de la señora Defensora ya se agotó, creo que no le hace bueno a la institución que permanezca dentro de ese espacio jerárquico y creo que nosotros tenemos que tomarnos con seriedad el valorar si así como la nombramos, tener que destituirla”, sentenció.
De igual forma, el Consejo de Directores de la Defensoría y un grupo de 100 activistas relacionados con la promoción de los Derechos Humanos lanzaron una carta abierta en la que piden la renuncia de la jerarca.
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