Paula Ruiz
Diputados de oposición se mostraron molestos con la campaña que planeó Casa Presidencial en contra de las mociones planteadas al Presupuesto Nacional del 2021.
Ministerios y otras instituciones emitieron comunicados de prensa durante este fin de semana y lunes, todos con un mismo tono: cierres técnicos de entidades o amenazas sobre la operatividad de algunos de sus programas.
La avalancha de alegatos fue orquestada desde Casa Presidencial, informó este lunes el diario La Nación.
“Es importante que revisen con detalle las mociones de la oposición para determinar las afectaciones a sus instituciones y programas”, escribió el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto a los jerarcas de cada ministerio.
El Poder Ejecutivo hizo referencia directa a la diputada oficialista Laura Guido para que las instituciones hicieran ver las mociones de afectación a su despacho.
“Para mañana antes de las 7:30 am (por tarde) deberían de estar remitiendo observaciones por cada moción que les cause afectación a ustedes a José Daniel Córdoba (asesor de la Diputada Laura Guido) y a mi persona”, indica el mensaje enviado por una asesora de Prieto, al que tuvo acceso El Observador.
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Para el liberacionista Gustavo Viales, el Poder Ejecutivo engaña a la ciudadanía al mencionar recortes al gasto que no se están dando en la realidad.
“El Gobierno ha articulado campaña de desinformación advirtiendo afectaciones que no se están dando y que se pueden suplir en presupuestos extraordinarios”, explicó.
Las mociones que ataca el Ejecutivo, son las planteadas por la fracción verdiblanca, la de los socialcristianos y de los independientes afines a Nueva República.
Hacerle el trabajo al Gobierno
Los legisladores insistieron en que el Gobierno, además de pedir impuestos, tiene el deber de realizar reales recortes al gasto público.
Para el próximo año se presentó un presupuesto de ¢11,5 billones, que adicionalmente, contempla una diferencia de ¢3 billones entre ingresos y gastos, recordó el liberacionista.
Por esa razón, las bancadas de oposición, consideran que más bien, le están realizando el trabajo al Ejecutivo en materia de gasto.
“Mientras que muchos desde el Congreso seguimos trabajando para solucionar el gravísimo problema fiscal, el gobierno atiza a los sectores para que impidan recortes a un presupuesto basado en deuda”, reclamó Carlos Ricardo Benavides, también verdiblanco.
Benavides advirtió que pese a las maniobras, los recortes vendrán “sí o sí” .
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Similar criterio tiene la socialcristiana María Inés Solís, quien defendió que han revisado cada subpartida.
“Hemos sido testigos de que el PAC no tiene intención de hacer un recorte verdadero del gasto público”, resaltó.
“No estamos buscando un “cierre técnico” de ninguna institución sino un ahorro suficientemente robusto en los gastos corrientes”, agregó.
El MEP fue uno de los que criticó los recortes presupuestados para juntas de educación y juntas administrativas en rubros como electricidad y agua para centros educativos. Lo anterior, pese a que el MEP planea continuar con la virtualidad en 2021.
Diputada del PAC: “Pedí apoyo a Casa Presidencial”
La oficialista Laura Guido, reconoció que solicitó apoyo a Casa Presidencial, específicamente a Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, para obtener información sobre la afectación a cada ente.
“Se sataniza un ejercicio que hice genuinamente yo, de pedir información a instituciones por consecuencias de mociones dado que tenemos 21 mociones de operación para instituciones”, dijo.
“Y necesitamos mayor acople de mociones posible y asegurarnos de tener insumos para aportar claridad en los debates y para que los diputados tomaran una decisión informada”, agregó.
La rojmarilla se escudó en que es su responsabilidad dar información suficiente sobre la afectación a las instituciones públicas en caso de aprobarse las mociones.
“Me siento responsable de ayudar a que todos tengamos la información necesaria para un debate así de sensible y pedí apoyo a Casa Presidencial a don Marcelo (Prieto) y don marcelo me lo da, lamentablemente se malinterpreta”, defendió.
Si no hubieran realizado esas gestiones, desconocería el interés por recorta un 50% en el programa nacional de vacunas, dijo Guido.
Presidencia guarda silencio
El Observador intentó conocer las impresiones de Casa Presidencial luego de filtrarse su estrategia pero no hubo respuesta al cierre de esta información.
Su silencio se contrapone al del sector público que desde el domingo a altas horas de la noche publicaba mensajes de supuestas afectaciones.
Casi 20 de ellas amenazaron con cierres técnicos, paralización de funciones y otros problemas, destacando:
- Cultura: indica que diversos programas e instituciones adscritas quedarían en cierre técnico.
- Seguridad: indican que recortes complicarían compra de equipos.
- Educación: alega que los recursos serían necesarios para garantizar tecnología los estudiantes, así como otros aspectos de transporte y servicios.
- Justicia: justifica problemática en la Policía Penitenciaria y el Registro Nacional.
- Ambiente: la ministra Andrea Meza indicó que habría problemas en las plataformas tecnológicas y de alquileres, así como en el monitoreo de áreas protegidas.
- Salud: recortes van en detrimento de las funciones y en la disponibilidad de recursos humanos y económicos para la atención de la pandemia, los 7 días de la semana en todo el país.
- Deporte: se eliminaría la posiblidad de infraestructura para la práctica del deporte, recursos para las federaciones y para el Comité Olímpico, justo en el año de las Olimpiadas.
- Elecciones: según el TSE se complicaría la emisión de cédulas y otros procesos relacionados las elecciones del 2022 sobre todo en materia de papelería y telecomunicaciones.
- Universidades: tanto la UCR como la UNA alertan de dificultades para mantener cupos.
- Economía: alega que se desfinanciaría el servicio 800-CONSUMO y otros servicios a PYMES y consumidores.
- Agricultura: eventuales afectaciones en Servicio Fitosanitario y otros temas de tecnologías
- Poder Judicial: alerta que estaría sin recursos para investigación, servicios para detenidos y otros “servicios esenciales”
