Paula Ruiz
Esta tarde, los diputados aprobaron un informe de la Comisión Caribe. El reporte solicita a la Universidad de Costa Rica (UCR) una indemnización para los estudiantes de la sede de Limón, luego del cierre de la carrera de Licenciatura en Marina Civil.
Además la Asamblea Legislativa enviará el informe al Ministerio Público, ante el cual denuncian que se investigue lo sucedido en ese recinto educativo del Caribe.
Los congresistas argumentan que hubo un esfuerzo económico durante varios años por parte de los alumnos, quienes no verán eso traducido en una titulación.
“La incapacidad de concluir la carrera, hacer la práctica y ejercer la profesión, implica que se ha dado una erogación de dineros públicos sin haber alcanzado su objetivo”, destaca el documento aprobado este lunes.
Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), reconoció que durante las audiencias, los estudiantes indicaron ya no sentirse tan jóvenes para iniciar una nueva carrera, o bien, hicieron expresa la necesidad de comenzar a trabajar.
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Por su parte, José María Villalta del Frente Amplio, destacó que la Asamblea Legislativa no puede otorgar indemnizaciones. Con el informe se insta a los Tribunales correspondientes a decidir si cabe o no, la utilización de fondos públicos para lograr ese cometido.
La carrera se abrió en 2012. No contó con personas graduadas debido a una serie de dificultades. Para el 2019, la Universidad anunció el cierre.
En el 2018 se mantenían activos 138 estudiantes, quienes quedaron a la deriva.
“Se creó una carrera sin poder garantizar a los estudiantes que pudieran completar el programa de estudio, obtener la “tarjeta de embarque” requerida para realizar la práctica profesional, graduarse y ejercer su vida profesional. Todo esto porque no se tenían las garantías legales”, detalla el informe.
Investigación del Ministerio Público
El informe también será remitido al Ministerio Público. Consideran que se habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales (artículos 339 y 344 del Código Penal).
A la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le solicitan determinar si hubo faltas al deber de probidad o responsabilidad por parte de las autoridades de la UCR.
Según el informe, la Universidad tomó la decisión luego de invertir casi ¢8 mil millones.
Yorleny León, diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó que la inversión a hoy, no genere ningún resultado ya que incluso hay laboratorios, simuladores, libros y demás sin utilizar, debido a la decisión de la UCR.
