Hermes Solano
Las primeras reacciones desde la Asamblea Legislativa ante la presentación de la denominada Ley Jaguar, que el presidente Rodrigo Chaves quiere llevar a referéndum, es de preocupación por el impacto que tendría en la Contraloría General de la República (CGR).
Aunque el discurso desde Casa Presidencial fue de fortalecer al órgano contralor, lo cierto es que el texto le quitaría facultades fiscalizadoras con la reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica de la institución.
Desde la CGR se frenaron los proyectos de construcción de Ciudad Gobierno y la marina en Limón, prioridad de esta administración, por no estar apegados a la legislación.
Por eso, desde el Congreso y a priori, ven que la propuesta está centrada en debilitar a la Contraloría.
“Parece ser una propuesta más enfocada a atacar a la Contraloría y nos preocupa el hecho de debilitar la Ley de Contratación Pública”, señaló María Marta Carballo, jefa de bancada del PUSC.
Para Carballo, es vital que ninguna propuesta y menos que venga desde el Ejecutivo, quiera debilitar los controles que se tienen, ya que son claves para evitar la corrupción.
“Quiero dejar claro que las propuestas deben de ser en beneficio de los costarricenses, que busquen la transparencia, buen manejo de los recursos y que no debilite los controles internos que tiene el país”, dijo.
Las preocupaciones se extendieron al Frente Amplio, el Liberal Progresista y Nueva República.
“Hay preocupaciones, porque la cura puede ser peor que la enfermedad. No queremos que los mecanismos de control se debiliten, porque son necesarios para evitar corrupción”, indicó Antonio Ortega, jefe frenteamplista.
Mucho análisis
Las bancadas legislativas son claras en que este tipo de proyectos de reforma requieren de un análisis serio y responsable. Se dedicarán en los próximos días a hacerlo para tener un criterio definido con base en el texto.
“Le hemos dado una revisión preliminar. Estos temas requieren de un análisis a profundidad para dar un criterio más amplio”, indicó Óscar Izquierdo, el jefe de fracción de Liberación Nacional.
Dentro de ese análisis que harán está el del resguardo de la institucionalidad y que todo se haga conforme a lo que dictan las leyes.
“Reiteramos que debemos tomarnos muy en serio el resguardo de la ciudadanía y del país, por lo que es de suma importancia respetar la legalidad del proceso”, manifestó Izquierdo.
Desde el Frente Amplio, Ortega enfatizó que verán todo de manera minuciosa, coincidiendo en varios elementos, como que se debe construir Ciudad Gobierno y de esa manera dejar de gastar plata en alquileres.
“Por el fondo, estamos estudiando la propuesta, sin duda, con lupa, coincidimos que no se puede seguir gastando dinero en alquileres”, mencionó.
Izquierdo dice que analizarán a profundidad el texto. (Foto Archivo/ El Observador)
Sí al referéndum
Otro de los temas que tocaron los legisladores es respecto a la realización del referéndum, mismo que el presidente Rodrigo Chaves quiso dirigir a la Asamblea Legislativa, metiendo presión sobre si los diputados están o no de acuerdo en que sea el pueblo el que tome decisiones.
Ante esto, los legisladores son claros que están a favor de la consulta popular, eso sí, siempre y cuando se haga bajo los parámetros que dicta la legislación.
“No estamos en contra de la discusión del referéndum, eso no quiere decir que vamos a apoyar cualquier idea que tenga el presidente que puede ser hasta cierto punto populista”, dijo Carballo del PUSC.
“Siempre estaremos a favor de la consulta del pueblo, siguiendo las normas legales que corresponde y defendiendo la institucionalidad del país”, añadió por su parte Izquierdo.
Luis Diego Vargas del Liberal Progresista se sumó a esa consideración.
“Es una herramienta de la democracia costarricense, poco utilizada, pero ahí está. Estamos claros que el individuo es lo más importante y esa libertad y participación que debe tener es un derecho”.
Por su parte, la diputada del PLN, Andrea Álvarez, señaló que si lo que se busca es que el pueblo decida, entonces que lo haga desde un inicio, por lo que considera se debería optar únicamente por la recolección de firmas. Se requerirían 180.000 para la aprobación.
Los jefes de fracción se reunirán el jueves en Casa Presidencial, donde el mandatario hablará sobre el tema, en busca de ver el panorama respecto a si estarán los 29 votos que se requieren para convocar el referéndum.
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