Ante la necesidad de modernizar y regular la administración de las vías públicas en Costa Rica, los diputados anunciaron en la Asamblea Legislativa la propuesta “Ley Nacional de Vías Públicas y Terrestres”.
El texto es de los legisladores de Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez y del Liberal Progresista (PLP) Diego Vargas.
Este documento cuenta con más de 40 firmas para avanzar en la corriente legislativa y ser discutido.
La iniciativa se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien proporcionaría el presupuesto para su ejecución.
También se incluye a las municipales, como administradores de la Red Vial Cantonal.
Modernización
Esta iniciativa se sustenta ante la realidad nacional en materia de vías nacionales y los requerimientos del Plan Nacional de Transportes 2011-2035.
También, se alimenta ante el “desfase” de la actual Ley General de Caminos, argumentaron sus actores.
“La modernización y transformación de la desfasada Ley de Caminos, garantiza la gestión de las obras de infraestructura que se requiera, esto para facilitar el ejercicio de los derechos de libre circulación para el transporte de personas o bienes, para promover y facilitar el crecimiento económico, social equilibrado y sostenible”, indicó Jiménez.
Diputados Gilberth Jiménez y Diego Vargas, presentan propuesta de ley sobre vías públicas en la Asamblea Legislativa. (Gustavo Martínez / El Observador).
Nuevas características
Esta iniciativa establece una reagrupación funcional de las rutas de la Red Vial Nacional.
Con la ley se diferenciarían dos tipos de vías:
- La Red Vial Estratégica: por donde circulará la mayor parte del tránsito tanto nacional como internacional
- La Red Vial Complementaria: responsable de garantizar la conectividad final
Esta clasificación es fundamental para estructurar los programas de actuación y priorizar la intervención, precisan los legisladores.
En cuanto a la Red Vial Cantonal, la clasificación funcional se dividirá en:
- Calles urbanas
- Caminos vecinales y
- Caminos de acceso vehicular
Esto beneficiará a los gobiernos locales para la creación de los planes reguladores y otros criterios de planificación urbana.
Tanto Jiménez como Vargas prevén los siguientes beneficios:
- Orden: “Se introducen disposiciones relativas al Registro Vial de la Red Vial Terrestre de Costa Rica, modernizando y ajustando nuestra infraestructura vial a las necesidades de los tiempos, facilitando el desarrollo y movilidad vial del país”.
- Mejor administración: “Su objetivo será conformar una base de datos ordenada y uniforme, que coadyuve en una adecuada administración de los activos que integran la red vial del país”.
Dentro de las novedades, la propuesta cuenta con elementos de infraestructura vial no incluidos en la Ley General de Caminos Públicos.
Entre ellos la infraestructura peatonal, vías con acceso restringido y vías de uso exclusivo o preferente para el transporte público.
Con énfasis en los peatones
Otra innovación sería la inclusión de los peatones, que no contempla la Ley General de Caminos.
La propuesta establece como una obligación de las instituciones a cargo de la gestión de infraestructura vial el planificar, programar, financiar y ejecutar los elementos de infraestructura necesarios para la adecuada movilidad de los transeúntes, incluyendo pasos peatonales y pasarelas.
“Tenía claro que existía una ley muy vieja, muy “añeja” (Ley General de Caminos), que no cubría todos los aspectos de la modernidad en el ambiente de vialidad. Esta nueva Ley Nacional de Vías Públicas está trayéndonos al 2023 y pensando en una proyección más allá. Creo que el producto final es un proyecto país y vital”, señaló Vargas.
“Estamos brincando a un mandato, para que el MOPT y las municipalidades unifiquen la información sobre el estado de las carreteras y caminos , y así, poder tener claridad de que tenemos como Red Vial Nacional y de Red Vial Cantonal”, enfatizó.