Juan Pablo Arias
Tras una extensa sesión de Plenario, se instaló la Comisión Especial que investigará el financiamiento de las campañas políticas del 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC) que tuvieron a Ottón Solís como candidato presidencial.
Para eso, Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, procedió con el trámite necesario para darle banderazo de salida a siete legisladores, quienes serán los encargados de integrar el foro parlamentario.
En específico Gustavo Viales y Franggi Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN). Esta última, no estuvo presente al momento del trámite y fue sustituida por Silvia Hernández, jefa de fracción.
A ellos los acompañarán Giovanni Gómez de Restauración Nacional, Pedro Muñoz del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), así como la independiente Ivonne Acuña y Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La presidencia estará a cargo de Viales y la secretaría quedó en manos de Muñoz.
El verdiblanco no dio detalles del día en que iniciarán las sesiones en la Comisión, sin embargo, indicó que previo a eso, los integrantes del foro se reunirán para establecer una lista de comparecencias sobre personal involucrado.
Para Nicolás, es sano que este tema del financiamiento de campañas de los rojiamarillos vuelva a “abrirse” pues se buscará evacuar dudas de la ciudadanía.
“Si bien es cierto ya hubo personas condenadas al respecto, siguen habiendo cuestionamientos de altos mandos del PAC que fueron parte de la anterior administración y de esta y que sin embargo, nunca fueron investigados, nunca se llamaron a comparecer y nunca tuvieron un proceso abierto en su contra”, sentenció la liberacionista.
La base de los diputados será el expediente penal número 12-000024-033-PE tramitado contra el PAC en perjuicio del erario público, mediante los 263 contratos firmados por militantes que dieron pie a la estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el 2010.
El foro tendrá 6 meses para realizar las investigaciones correspondientes y rendir un informe al Plenario Legislativo, aunque, cabe la posibilidad de prórrogas para culminar el proceso.
