Paula Ruiz
Los diputados se mostraron reacios con el proyecto de ley que busca una reducción de jornada laboral en sector público. Dudan con justificaciones como el no contemplar el impacto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); las transferencias mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); y una desigualdad entre funcionarios públicos.
La iniciativa del Poder Ejecutivo pretende aplicar un 15% de rebajo en la jornada a quienes tienen salarios de al menos ¢1,5 millón mensual, que va de la mano con una disminución salarial. Según los ministerios de Hacienda y Planificación ahorraría ¢130.000 millones a lo largo de 12 meses, pues impactaría a 35.000 empleados.
Los congresistas consultados coinciden en que es un proyecto de ley sin criterios técnicos sobre aquellos rubros que podrían verse afectados. Incluso ven ese detalle como una dificultad para su aplicación.
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Defienden que en medio de la crítica situación económica, los salarios del sector público que se pretenden impactar podrían aportar a la reactivación económica.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado Rodolfo Peña más bien se inclinó con que 15% es un porcentaje bajo y debería de ser de 25%, tal cual se establece en su propuesta.
Cuando iniciaba la atención de la emergencia nacional, el socialcristiano presentó la propuesta que se tramite mediante el número de expediente 21.869, para aplicar un 25% de rebajo a funcionarios con salarios líquidos de ¢1,5 millón.
También ponía a contribuir a las pensiones, cuyo monto mensual final sea igual o mayor a ¢1,5 millón.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Jurídicos, sin que se conozca avance significativo.
Las justificaciones
José María Villalta, del Frente Amplio, ha sido uno de los más críticos por la ausencia de datos principalmente.
El martes anterior aprovechó la audiencia de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el de Hacienda, Elian Villegas, para consultar sobre el impacto económico en Fodesaf y CCSS. Sobre el primero no tuvo respuesta y con respecto a la Caja, el impacto sería de ¢30.000 millones que deberán ser compensados, sin aclarar cómo.
Villalta cuestiona que el proyecto no aplicaría sobre diputados, miembros de juntas directivas y otros, cuya remuneración es vía dieta y no salario mensual. Para el congresista generaría diferencias entre el mismo sector público, privilegiando a quienes obtienen recursos con dietas.
La iniciativa regiría sobre los funcionarios definidos por el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública que señala a:
- la Administración central
- Poder Ejecutivo y sus dependencias
- órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios
- el Poder Legislativo
- el Poder Judicial
- el Tribunal Supremo de Elecciones
- y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
- la Administración descentralizada
- autónomas y semiautónomas
- empresas públicas del Estado
- y municipalidades.
Quedaría excluido el personal que labora en el Ministerio de Salud, la CCSS, la Comisón Nacional de Emergencias (CNE), el Cuerpo de Bomberos, cuerpos policiales y cárceles.
En marzo anterior, los diputados sí autorizaron al sector privado a una reducción de jornada laboral de hasta 75%, así como suspensión de contratos laborales; ambos por un plazo máximo de seis meses.
En ese momento no se cuestionó el impacto a la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que en abril anterior presentó los datos por la disminución de ingresos y otras partidas.
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En total, la institución planificó el resto del año con hasta 500.000 empleos menos, concentrados sobre todo en el sector privado. Esto representa casi una tercera de los trabajadores inscritos, que fueron 1.570.608 en enero y 1.576.600 en febrero.
Económicamente la situación se refleja en una recaudación menor de las pólizas de salud y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El primer rubro, además de caer en sus ingresos, demandaría más gastos por los contagios y su atención.
