Paula Ruiz
Con los mismos argumentos que la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC), varios exfuncionarios y políticos afines al Gobierno han sugerido a los diputados la aprobación de nuevos impuestos para enfrentar la crisis por el COVID-19.
La última de estas propuestas llegó en una carta firmada por 180 personas, entre las que figuran los exministros de Hacienda Guillermo Zúñiga (2006-2009) y Helio Fallas (2014-2018), así como otras figuras del PAC, el PLN, el Frente Amplio y hasta el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós.
Dicha iniciativa, sin embargo, cayó en saco roto, pues los legisladores rechazan de plano la creación de nuevos tributos de cualquier índole.
El órgano político del PAC aboga por gravar “a grandes contribuyentes y capitales” y el grupo de firmantes habla de personas físicas y jurídicas en los sectores privado y público “de los tramos más altos de renta”, así como la “riqueza financiera”. Ninguna de estas ideas contempla recortes o ajustes en el gasto público.
Las propuestas son similares a las de la diputada oficialista Paola Vega quien el 15 de junio presentó un proyecto que introduce mayores impuestos: cinco puntos porcentuales a la tarifa del 25% del impuesto de renta vigente para salarios por encima de ¢4,3 millones; mientras que para las empresas y personas jurídicas con renta neta por encima de ¢1.000 millones, la tasa pasaría del 30% al 35%.
“No” a más impuestos
Ante todas esas sugerencias, Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que subir o crear nuevos tributos, sería “ponerle palos a la carreta”.
“La reactivación económica que necesitamos para que aumenten los ingresos fiscales, se reduzca el desempleo y se dinamice nuestra economía; no se va a dar si seguimos subiendo impuestos”, señaló.
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Desde Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, vocero de los verdiblancos en el Congreso, aseguró que las propuestas deben ser más puntuales, con tal de ser valoradas. Es decir, si plantean impuestos, que especifiquen montos, así como exoneraciones.
“Lo que creo que sí hay que hacer es buscar una mesa de negociación donde todos los sectores logren consensuar con el Gobierno una propuesta económica en un plazo que le permita al país salir adelante. Me parece que la solución más que propuestas aisladas, deberían estructurarse para una salida de luz larga, que permita al país saber cómo vamos a enfrentar esto”, dijo Chacón.
Con anterioridad, Eduardo Cruickshank, presidente legislativo, expresó su oposición a nuevos tributos antes de cobrar aquellos que no ingresan a las arcas del Estado por evasión o elusión fiscal.
El legislador cuestionó que el aumento de impuestos recaerá en las mismas personas que responsablemente contribuyen con el país.
“Ninguno de los impuestos que se proponen en medio de esta pandemia recaerá sobre los grandes evasores. Eso resta legitimidad y credibilidad a las propuestas de la OCDE y del Gobierno”, agregó el Presidente del Congreso.
En tanto, Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional, consideró que en el contexto actual, se deben de tomar medidas temporales.
“Concordamos en la necesidad de impulsar y conocer reformas estructurales. Aunque Restauración Nacional no cree en que nuevos impuestos sean la solución a los problemas, ciertamente la situación generada por la crisis obliga a tomar medidas de carácter temporal, como ya hemos aprobado algunas”, señaló.
¿Quienes firman?
El Observador consultó a varios firmantes, entre ellos, representantes de la Iglesia Católica, desde donde aseguraron desconocer quiénes promovieron el documento.
La propuesta que realizan especifica que los recursos serían para el fortalecimiento del Bono Proteger y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante impuestos “solidarios y progresivos”.
En el documento, los temas relacionados con reformas estructurales en el aparato estatal (como empleo público, el cierre de instituciones públicas o recorte al gasto gubernamental) se plantean para ser abordados a futuro.
Dentro de los firmantes están los extitulares de Hacienda Guillermo Zúñiga, a quien se le achacan los efectos del crecimiento desmedido en las remuneraciones tras el Plan Escudo de 2009 y Helio Fallas, responsable de un “hueco fiscal” de ¢600.000 millones que le valió una inhabilitación en cargos públicos por cuatro años.
Así mismo, están Luis Felipe Arauz y Édgar Gutiérrez, exministros en la administración anterior; y Henrry Mora, Rolando González, Jorge Arguedas, José Francisco Camacho, Javier Cambronero, Steven Núñez y Gerardo Vargas Varela, todos exlegisladores en el período 2014-2018.
Los exministros liberacionistas Olman Segura y María Luisa Ávila se unieron a la solicitud; junto a Eva Carazo, excandidata a diputada con el Frente Amplio, así como Eugenio Trejos exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y militante del mismo partido.
Varios de ellos consultados por su rúbrica admitieron el apoyo al mensaje, pero dijeron desconocer quién coordinó la misiva.
Las firmas también provocaron suspicacia en la oposición al Gobierno, por tratarse -en algunos casos- de figuras que han sido cuestionadas por su gestión pública.
“Esta es una carta firmada por uno de los creadores del ‘hueco fiscal’, quien manejó el desastre del Bancredito, Helio Fallas y por quien tramitó inconstitucionalmente el presupuesto nacional del 2015, Henry Mora, eso no da pie para creer en sus supuestas buenas intenciones”, manifestó Jonathan Prendas, diputado independiente.
“No nos podemos olvidar que ambos, en realidad, son representantes del partido de gobierno, por eso esta artimaña de desligarse para luego volver es parte de la estrategia de confusión del PAC”, agregó.
En el Congreso hay dos propuestas para gravar capitales, una liderada por la oficialista Paola Vega y otro del frenteamplista, José María Villalta.
Aquí puede visualizar la carta
Otra carta abierta
La carta de los 180 firmantes contrasta con otra carta dirigida al Presidente Carlos Alvarado y a los diputados la semana pasada por un grupo conformado por 56 personas en que se proponía una ruta para la reactivación económica, que permita la preservación de empleos y una recuperación más rápida de las actividades productivas.
En la misiva del 20 de julio, se mencionaba específicamente los proyectos que se apoyaban, entre ellos el presupuesto extraordinario (expediente 22.080) y el proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los funcionarios del sector público con salarios de más de 1,5 millones (expediente 22.081).
Luis Mesalles, uno de los proponentes, explicó que la intención era apoyar acciones del Gobierno y proyectos de ley avanzados para impulsar reacciones rápidas ante la crisis en materia de contención de gasto, cobrar mejor los impuestos y permitir que la economía crezca.
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“Me da la impresión que dentro lo que está presentado por el mismo Gobierno y en la Asamblea hasta ahora para resolver el problema fiscal, está muy cargado hacia control de gasto, mientras que hay otros grupos, para no incluir solo éste, que han salido con propuestas que están totalmente cargadas del lado de más impuestos, sin quererle entrar al lado del gasto”, consideró Mesalles.
“A mí me parece, a título personal, que pensar en más impuestos en una situación como la actual, es contraproducente. Si no se controla el gasto y se pretende cobrar impuestos nuevos, al final lo que va a pasar es que el dinero que entra a las arcas del gobierno se va a gastar mal y nunca va a alcanzar”, consideró.
Para Mesalles, un proyecto que grava la riqueza, como propone la nueva carta, tendría dificultades en el momento actual, dado que el propietario de un hotel o un comercio puede tener un activo valioso pero no estaría generando ingresos durante la pandemia.
Colaboró la periodista Christine Jenkins
