Paula Ruiz
Diputados de Restauración Nacional y del Partido Liberación Nacional (PLN) expresaron su inconformidad con la decisión tomada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de suspender los trámites de solicitudes de nuevas pensiones del Régimen No Contributivo (RNC).
La institución argumentó que esto se debe a una reducción en la asignación de presupuesto para el año 2021, producto de la pandemia.
Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional, indicó que envió una nota a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, para solicitar explicaciones sobre el faltante presupuestario.
“Como primera acción he enviado una nota al Presidente Ejecutivo de la CCSS, recordándole que los próximos días entraría en vigencia la ley 9796 que impulsé, que generará más de ¢12 mil millones que se dispuso sería para ese régimen”, detalló.
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Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional y su compañero de bancada Carlos Avendaño (izquierda) criticaron la decisión de la CCSS. En la imagen, junto con Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia. (Presidencia)
La legisladora hace referencia a la Ley que destinará recursos para fortalecer el RNC a través de un impuesto solidario a las pensiones de lujo.
Sin embargo la semana pasada, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS, expresó que el presupuesto por asignar a este Régimen para el 2021 “debe ser suficiente para que pueda operar de forma satisfactoria y garantice la continuidad del pago de los beneficios otorgados”.
A las críticas se sumó Carlos Avendaño, también de Restauración Nacional, quien considera que exponer a personas en condición de pobreza o enfermedad en momentos tan difíciles de la economía nacional, será perjudicial.
El legislador adelantó que en los próximos empréstitos por votar desde el Plenario, propondrán un porcentaje para la Caja.
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Explicaciones en Comisión Legislativa
La verdiblanca María José Corrales, adelantó que presentará una moción en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor para que Barrantes junto con Ubaldo Carrillo, director de Administración de Pensiones, aclaren la posición institucional.
“Los diputados hemos venido trabajando en aprobar proyectos de ley para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y asegurar la atención de poblaciones vulnerables, por lo que es necesario una explicación clara y contundente de las autoridades de la Caja”, acotó.
María José Corrales, diputada del PLN, criticó la decisión, debido a la afectación particular para adultos mayores. (Asamblea Legislativa)
Desde febrero anterior, la Caja decidió retomar la administración de los 37 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) del este, labor que estaba en manos de la Universidad de Iberoamérica (Unibe). Según una auditoría de la institución, el traslado administrativo implica que la CCSS deberá pagar ¢4.000 millones de más en el primer año de funciones.
En contraparte, el RNC beneficia a 128.845 personas, para un costo de ¢175.000 millones en el 2020.
Roberto Thompson, legislador verdiblanco, catalogó como contradictorias las decisiones institucionales pues, por un lado justifican más gasto, pero por otro aducen necesidad de recorte para estas nuevas pensiones.
La Comisión de Ingreso y Gasto Públicos tomó la decisión el jueves anterior de abrir una investigación sobre el particular de los Ebáis.
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