Paula Ruiz
Los diputados realizaron cambios al proyecto de ley 21.277. La iniciativa pretende garantizar fondos específicos a recintos de la Universidad de Costa Rica (UCR). El Poder Ejecutivo vetó el plan el 18 de setiembre pasado. El veto significa que se anula el aval legislativo y vuelve al Congreso.
Debido a esa acción, el proyecto regresó para análisis de los diputados. Esta tarde el Plenario aprobó una moción de fondo, con el cual se realizan cambios significativos.
De esta forma, autorizan a la Dirección General de Presupuesto Nacional a realizar la asignación presupuestaria de las transferencias. Pero no podrán ser inferiores al presupuesto vigente, en el momento de la aprobación de esta iniciativa.
Allí se incluyen “destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas derogados en ésta ley”. La iniciativa se puso en discusión a solicitud del legislador Luis Fernando Chacón, debido al freno que mantuvo tras el veto.
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¿Cómo llegamos hasta aquí?
Con la reforma fiscal se eliminaron destinos específicos. Estos consistían en la obligación del Estado de girar porcentajes o montos predeterminados a instituciones en específico, en vez de asignarles recursos según la realidad del año en que se hace el presupuesto.
La disposición afectó al recinto de la UCR de Paraíso. La Ley 7386 de 1980 especificó que la sede recibiría al menos ¢75 millones de lo que se recaudara con el Impuesto sobre la Renta.
Además del mismo fondo, la UCR recibiría ¢185 millones adicionales para programas de desarrollo. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa transferencia quedó frenada.
Ante este panorama, legisladores de Cartago presentaron la iniciativa 21.277, para garantizar las transferencias al recinto universitario. Tras alerta del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo vio como un riesgo la decisión. Presidencia vetó la ley porque no había suficiente claridad en lo aprobado.
“La reforma propuesta lejos de aclarar tendería a confundir, ya que la frase que se pretende adicionar podría suscitar futuras interpretaciones y discusiones sobre la efectiva derogatoria de los mencionados destinos, generando no solo dificultades de aplicación práctica de la norma para los operadores jurídicos, sino también incidiendo de manera negativa en la certeza y seguridad jurídica de los concedentes de la transferencia, pero ante todo de los beneficiarios de la misma”, indica el veto aplicado por el presidente Carlos Alvarado.
Ahora los diputados revierten el camino, con la aprobación de la iniciativa en primer debate. Su segundo debate está preparado para el 31 de octubre.
