Tomás Gómez
La sesión especial del plenario para discutir el proyecto de ley que castiga a las empresas por el delito de cohecho, tiene enredados a los diputados, que se debaten entre bajar las penas y multas aprobadas en primer debate el lunes o hacer caso al Gobierno, que insiste en que no se le meta mano a la norma, para cumplir los requisitos de ingreso a la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a veces llamada el club de los países ricos, es una organización que estandariza normas y reglas para la administración, y a la que el Gobierno considera pertinente y necesario ingresar.
Sin embargo, el proceso de ingreso a la OCDE tiene plazos, y la aprobación de leyes como la que castiga los actos de corrupción, como el soborno de empresas a funcionarios públicos es una de ellas, y según el Ministerio de Comercio Exterior, es vital que esta norma esté aprobada antes del lunes de la próxima semana.
Pero diputados y sectores empresariales han empezado a tener dudas sobre la proporcionalidad y razonabilidad de las multas que aprobaron el lunes en el primero de dos debates, y tras la insistencia de diputados como Pedro Muñoz del PUSC y Carlos Ricardo Benavides del PLN, el proyecto se frenó para analizar la posibilidad de volverlo más razonable.
Lo anterior, pese a que el lunes lo votaron a favor, bajo el expediente 21.248 y a sabiendas de que la norma introduce, además de sanciones económicas de hasta 10.000 salarios base; nuevas sanciones para las empresas como la suspensión de actividades o la clausura de negocios hasta por 5 años, así como la pérdida de subsidios estatales por entre 3 y 10 años.
Y no solo fue el freno a la votación del proyecto en segundo debate. Los diputados convocaron a una sesión extraordinaria la mañana de este jueves, ignorando la huelga de maestros, con tal de atender la posibilidad de reformar lo aprobado el lunes, y que la aprobación de la ley se de antes de que el calendario marque el 10 de junio. Ese día, a criterio de la ministra de Comercio, Dyalá Jiménez Figueres, se cierra “la ventana” para ingresar a la OCDE.
Como un 1.° de mayo
Todo este telón hace que el ambiente aquí en el Congreso sea similar al de la elección del 1.° de mayo, cuando los diputados corren de una encerrona a otra, mientras los asesores jalan bolsos, documentos y atienden llamadas.
De momento, la aprobación definitiva del proyecto, que el pasado lunes fue votado por 43 diputados en primer debate, se tambalea ahora entre los señalamientos de desproporcionalidad y dureza de las sanciones, mientras el tiempo para un dictamen definitivo mete presión a la discusión.
Las negociaciones se acrecentaron la noche del miércoles, continuaron durante el arranque de la sesión, la cual inició con un receso de quince minutos que fue prorrogado por un plazo igual hasta que el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, decretó una pausa de una hora.
A la hora pactada para el inicio de la sesión, las caras más visibles de diferentes fracciones fueron reuniéndose en el centro del salón sin dar a conocer más detalles de los temas que les ocupaban.
De dicho encuentro salieron el jefe de fracción Acción Ciudadana, Víctor Morales, y el presidente legislativo sin comentar cualquier aspecto que permitiera conocer los temas que tienen frenada la votación.
No fue sino hasta que el frenteamplista José María Villalta salió de la reunión que la prensa pudo conocer algunos detalles sobre la agenda que ocupa a los diputados desde anoche.
Según él, ahora hay reservas sobre la proporcionalidad de las multas según el tamaño del corruptor, la sanción a intermediarios y otros temas que se estuvieron consultando incluso con la propia OCDE.
