Tomás Gómez
Este lunes, fue aprobado, con 40 votos a favor, el dictamen de mayoría de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el hueco fiscal que dejó el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
Esto significa que ahora, el informe sobre el faltante presupuestario de 900 mil millones de colones que legó el gobierno anterior será enviado al Poder Ejecutivo, la Procuraduría de la Ética, el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
De los 49 legisladores presentes solo los representantes del Partido Acción Ciudadana votaron en contra.
En sus conclusiones, los diputados habían recomendado acciones penales contra el expresidente Solís, su Ministro de Hacienda Helio Fallas, la tesorera Marta Cubillo y los subalternos que estuvieran involucrados.
Tarde de señalamientos
Tras ocho meses de trabajo, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público dio a conocer el pasado 23 de abril las conclusiones de su investigación. Por acuerdo de jefes de fracción, se destinó una sesión exclusiva para su análisis.
Durante la apertura del debate, Jonathan Prendas, legislador del Bloque Independiente Nueva República y quien presidió la comisión, dijo que “no poner ¢900 mil millones en el presupuesto es igual a habérselos robado porque Hacienda no tenía con qué pagarlos”.
Palabras duras vinieron de Liberación Nacional, cuyos diputados acusaron al primer gobierno PAC de no darle el manejo adecuado al faltante presupuestario por cálculo político.
Mientras la limonense Yorleni León acusó a la administración anterior de manipular datos, el cartaginés Luis Fernando Chacón atacó la cadena presidencial en la que se anunció el mal momento que pasaban las finanzas públicas, que en sus palabras “terminó de ahorcar al país”. Franggi Nicolás le envió reclamos también al gobierno de Carlos Alvarado por mantener en sus cargos a presuntos implicados de los hechos denunciados.
A las críticas se sumó el Partido Integración Nacional. “Hacer un presupuesto con faltantes para que la próxima Asamblea lo resuelva es falta de transparencia”, dijo Patricia Villegas, secundada por sus compañeros Walter Muñoz y Zoyla Volio.
La Unidad Social Cristiana criticó el silencio que se guardó en su momento en el gGbierno. “Esto nos costó carísimo a los costarricenses en tasas de interés”, indicó Pedro Muñoz al criticar la desconfianza que se generó sobre la deuda nacional.
Alzaron la voz también Restauración Nacional -mediante su diputada Xiomara Rodríguez, quien reclamó sentar responsabilidades – y el frenteamplista José María Villalta –“una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad política”, dijo defendiendo el ejercicio realizado esta tarde.
Paola Vega insiste en que no hubo mala fe
Además del dictamen votado esta tarde, en la Comisión se había presentado un texto de minoría por parte de la diputada oficialista Paola Vega.
Durante su intervención esta tarde, Vega defendió que desde su punto de vista no hubo dolo ni mala fe y mantuvo que la responsabilidad debe recaer en la Dirección de Crédito Público y no en los jerarcas políticos.
Vega señaló que se está generando una revancha contra el PAC y pidió disculpas por la forma en que su partido hizo control político cuando fue oposición. “Si en algún momento se hizo un informe de este tipo lo lamento y pido perdón en nombre del PAC, pero no creo que esta revancha vaya a tener algún sentido porque finalmente quien pierde es la ciudadanía”, concluyó.
