Paula Ruiz
Los diputados urgieron al Gobierno acciones concretas con respecto a la crisis migratoria que enfrenta Costa Rica, principalmente por el paso de personas venezolanas con rumbo hacia Estados Unidos.
Montserrat Ruiz, legisladora verdiblanca que preside la Comisión de Derechos Humanos, destacó que es necesario reaccionar cuanto antes.
Por eso envió oficios a las jerarquías de la Dirección General de Migración y Extranjería sin obtener respuesta, alegó la congresista.
Ruiz señaló que se requieren acciones reales para mitigar, ayudar y contener el paso transitorio de migrantes venezolanos por territorio costarricense.
En ese foro legislativo, Esteban Blanco y Rebeca Hidalgo de la Fundación Lloverá expusieron ante los diputados la problemática que enfrentan los suramericanos por Costa Rica.
Pero ante todo hicieron hincapié en las acciones que se requieren en materia de Derechos Humanos.
Blanco destacó que según proyecciones del gobierno panameño, se estima que para finales de año, a diario pasarán por ambos países alrededor de 2.000 personas.
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En junio, se reportó el tránsito de 15.633 venezolanos y, ya para agosto, se duplicó. En setiembre han pasado por Costa Rica 38.512 suramericanos, mientras que para el mes entrante se proyectan 46.223.
En noviembre se estima el paso de 53.934 personas y para finales de año 61.645.
Un 86% de las personas reportadas son adultos y 14% menores de edad de los cuales, el 90% no superan los 4 años de vida.
Esto se debe a que, para sus familias es más económico el tránsito con menores en brazos hacia Estados Unidos que con adolescentes, indicó Blanco.
Blanco retrató la realidad que se vive en San José, con cientos de familias venezolanas pidiendo auxilio para obtener una cobija para resguardarse del frío en las aceras.
La Fundación busca dignificar el paso de estas personas por territorio costarricense, tomando en cuenta necesidades de alimento, vestimenta, dinero para transporte, un lugar para dormir y atención médica.
Actualmente cuenta con dos albergues temporales en San José, cerca de las terminales de buses 7-10 y Tracopa.
Trata, prostitución, hambre…
Por su parte, Hidalgo apuntó a la urgencia de atender esta situación. En especial -aseguró- porque ya hay familias anuentes a la prostitución de los menores con tal de obtener dinero que les permita continuar con su paso hacia Nicaragua.
Asimismo, afirmó que han encontrado migrantes enfermos, particularmente con virus, lo cual podría convertirse en un problema de salud pública para Costa Rica.
En tanto, Blanco expuso sobre la trata de migrantes que han observado en el cantón fronterizo con Panamá de Corredores y en la frontera con Nicaragua.
Destacó que los militares nicaragüenses están cobrando $150 de manera ilegal a cada venezolano para permitirles el ingreso.
Esto ha implicado que, de lado costarricense, motivó la creación de una “red criminal” que ofrece un peaje de $50 para acceder a suelo nicaragüense.
De esta manera, los acaparan en Los Chiles y los llevan caminando o en autobuses hacia La Trocha.
“Es toda una trama, los nicaragüenses establecen precio oficial y aquí las redes criminales les ofrecen descuento, los venezolanos se quedan en San José vendiendo popis u otras actividades, durante una semana, semana y media hasta garantizar que tienen el efectivo para ir gastando en ese país”, explicó Blanco.
La Fundación apunta a la urgencia de buscar soluciones la protección temporal de venezolanos en Estados Unidos es hasta el 10 de marzo de 2024, según políticas establecidas por el Gobierno de Joe Biden.
“¿El Estado Central el cual no aparece en ningún informe, va a esperar a que lleguemos a 2.000, 3.000 personas al día, 400 niños menores de 4 años que entran en brazo de los papás? O, podríamos actuar ya y tomar medidas pertinentes para que no estemos solas la ONG´s, las empresas y municipalidades con tan poco presupuesto como la de Los Chiles”, fustigó Blanco.
Una de las soluciones de mayor urgencia tiene que ver con el establecimiento de albergues de tránsito temporal.
Ante esto, la Comisión Legislativa convocó en audiencia a Marlen Luna, directora de Migración y a los representantes de Acnur en Costa Rica.
Ruiz apuntó a que se deben de buscar soluciones y el foro legislativo estará anuente a todo aquello que pueda hacerse desde este órgano.
En tanto, la oficialista María Martha Padilla, urgió la atención por parte de la Defensoría de los Habitantes, Acnur y Naciones Unidas.
“No pueden estar con las manos cerradas”, concluyó Padilla.
