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Diputados ven con recelo proyecto para establecer una “tasa de usura”

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Diputados de varias fracciones ven con recelo el proyecto de ley que busca establecer una “tasa de usura”, impulsado por el oficialista Welmer Ramos y que se tramita en la corriente legislativa mediante el número de expediente 20.861.

Se trata de una tasa de interés máxima y única que no podría ser sobrepasada para ningún tipo de endeudamiento, ya sea un préstamo de vivienda, una tarjeta de crédito, o un financiamiento de una tienda.

La iniciativa cuenta con un texto sustitutivo aprobado y se encuentra en una subcomisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además, es apoyado desde Casa Presidencial.

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Empero, mientras el diputado Ramos asegura que el proyecto cuenta con buen ambiente dentro del Congreso, en la fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) hay una fuerte oposición a la iniciativa.

“No apoyo la tasa de usura; los topes de tasa de interés vienen a generar un detrimento dentro del mercado y dentro de la libre competencia, entonces realmente es una política retrógrada”, señaló María Inés Solís, jefa de la bancada socialcristiana.

Por su parte Eduardo Cruickshank, líder de la fracción de Restauración Nacional, se opone al establecimiento de “penas de cárcel para las personas que cobren intereses más allá del tope que se ponga, porque la corriente mundial va hacia la despenalización”.

El texto sustitutivo señala que las penas por los delitos de usura, agiotaje y propaganda desleal, indicados en los artículos 243, 245 y 249 del Código Penal se duplicarán cuando se cometan en perjuicio de los consumidores y usuarios.

Esos artículos comprenden penas privativas de libertad desde un mes hasta ocho años.

Ramos defiende que, esas prácticas ya están estipuladas en el artículo 236 de ese mismo código, por lo tanto, en la iniciativa se busca dar herramientas al Poder Judicial.

“Costa Rica está teniendo tasas de hasta 210% y nadie ha sido condenado por la falta de un parámetros”, manifestó.

El proyecto pretende establecer una tasa máxima de interés en colones que no sea superior a la tasa básica pasiva más 25 puntos porcentuales (hoy, 31%), mientras en la moneda de dólares busca que no supere a la tasa efectiva en esta moneda, más 15 puntos porcentuales (hoy, 17,7%).

La tasa máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, deberá ajustarse a los límites establecidos en este artículo.

El proyecto dejaría a cargo del Banco Central de Costa Rica el cálculo de las tasas “utilizando el promedio de los últimos 3 meses de la tasa básica pasiva o de la tasa efectiva en dólares, según corresponda”, según la propuesta.

Sin opción para crédito

De acuerdo con la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), si este proyecto llega a convertirse en Ley de la República, afectará a las personas de más bajos ingresos, porque limitará sus posibilidades de acceder al crédito.

“La imposición de topes a la tasa de interés o lo que es lo mismo, al precio de los productos financieros, tiene como consecuencia la exclusión de un número importante de personas del sistema formal de financiamiento, en la medida en que la tasa de interés límite no permitiría cubrir el costo (riesgo) de sus operaciones; en consecuencia, este es un sector de la población que no tendría acceso al crédito. De hecho, el segmento de costos unitarios más altos se quedaría sin servicio debido a que no se podrían cubrir los costos”, respondió María Isabel Cortés, directora ejecutiva de ABC.

La ABC cree que de convertirse en Ley de la República, 1,1 millón de personas quedará excluida de tarjetas de crédito, pero a la vez, representaría pérdidas multimillonarias para Hacienda por la retención de impuesto de ventas mediante compras con el dinero plástico.

Esta misma organización, advierte que un tope de este tipo para las tarjetas de crédito, implicaría la pérdida de acceso para 1,1 millón de personas, aumentando, de forma paralela la informalidad para la obtención de dinero.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), respaldó en audiencia ante los diputados de Hacendarios el 22 de enero anterior, lo señalado por la Asociación, así como el hecho de que, si se fijan topes a la baja, generarían un sobreendeudamiento de las familias, pues se ven atraídos a la obtención de préstamos.

“No debería existir una tasa que se fije o un tope a tasas que se fije, o un tope a tasas que se fije con base en promedios de toda la industria, sino que debería calibrarse según estos criterios que he dado que tienen que ver con
plazos, con montos, con perfiles de riesgo, garantías destino del crédito etcétera”, declaró ese día.

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Según datos de la Asociación Bancaria Costarricense, en 2017, el Ministerio de Hacienda obtuvo $337 millones por impuesto de ventas mediante compras con tarjetas de crédito, mientras por concepto de renta sobre este mismo servicio, obtuvo $168 millones, es decir, el riesgo también es latente para la captación de estos tributos.

Por su parte, la Cámara de Bancos recordó a los diputados de la Comisión de Hacendarios -mediante la consulta realizada a esta entidad- que, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha recomendado a países como Chile y Colombia, la eliminación gradual de los límites a las tasas de interés.

“No debería ser una tasa, no debería haber topes a tasas de interés, es necesario entender por qué vienen y vienen como una correlación directa entre el interés y el riesgo, si ponemos tope, el riesgo de prestamistas formales estaría en aumento, de manera que limitaría la posibilidad de crédito”, retomó la diputada Solís.

Aunque en un programa radial, Carlos Ricardo Benavides manifestó que el proyecto saldría adelante, esta semana reconoció preocupación por la exclusión de personas. CARLOS GONZALEZ/AGENCIA OJOPOROJO

Préstamos “gota a gota”

El lunes 1 de julio, en un programa radial, Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso externó su preocupación por el tema de la usura, pero lo ligó a casos donde la delincuencia está colocando dinero mediante prácticas “gota a gota”.

Por eso, aseguró que en el momento en que esa iniciativa sea dictaminada en Hacendarios avanzaría. “Creo que va a salir adelante”, dijo.

No obstante, posteriormente admitió que esas prácticas “gota a gota” son las precisamente advierte la ABC que podrían surgir de manera informal.

Al ser consultado sobre esa contradicción, reconoció no haber realizado ese análisis ni haber tomado una posición definitiva sobre el proyecto de ley.  

“Este es un tema muy delicado en las que se podría dejar al descubierto a una gran cantidad de población que hoy tiene acceso a la banca formal (…) aún falta mucho para poder formular una opinión al proyecto porque ni siquiera ha salido de la subcomisión”, reconoció el diputado del PLN.

Los préstamos “gota a gota” son un tipo de deuda informal y generalmente ligada a la extorsión, de acuerdo con Steven Sánchez de la Sección de delitos varios del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Sánchez indicó en el programa de radio oficial del OIJ -del 30 de marzo de 2018-, que se registran casos de violencia relacionadas con agresión física e incluso balaceras hacia viviendas; sin embargo, no tienen registrados homicidios.

Varias tasas vs. una tasa

José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) estuvo en el foro de Hacendarios el mismo día que el jerarca del Banco Central.

Él fue claro en que, las tasas deben estar diferenciadas por tipo de actividad, usuario y plazo. Por eso, Cordero cree que no todos deben de estar “dentro del mismo cajón”, ya que para cada uno, hay un nivel de riesgo diferente.

Mientras el presidente del Congreso aseguró desconocer esos criterios de la universidad estatal, Ramos desacreditó el planteamiento del jerarca universitario al afirmar que la diferenciación por actividad no se da en ninguna parte del mundo.

“Eso no se puede, cuando se comienzan a hacer diferenciaciones, comienzan a decir que el crédito lo consiguieron donde la tasa es más alta porque el dinero fluye y es muy fácil simular un tratado”, dijo el oficialista.

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Quien sí da su respaldo total a la iniciativa es José María Villalta, diputado por el Frente Amplio. “Ya han hecho consultas sobre consultas”, dijo en tono jocoso.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la iniciativa se aprobaría con el voto de la mitad más uno de los diputados presentes al momento de ser sometido a votación.

Colaboró el periodista Juan Pablo Arias.


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