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Diputados y Gobierno tras acuerdo para flexibilizar jornadas laborales y pago de cargas sociales

Diputados de diversas fracciones y jerarcas de Gobierno mantienen intensas negociaciones con el propósito de lograr un acuerdo sobre el…

Por Paula Ruiz

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Diputados y Gobierno tras acuerdo para flexibilizar jornadas laborales y pago de cargas sociales
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Diputados de diversas fracciones y jerarcas de Gobierno mantienen intensas negociaciones con el propósito de lograr un acuerdo sobre el proyecto d de flexibilización laboral.

La medida pretende dar un auxilio al sector empresarial y comercial, por paliar los efectos económicos negativos de la crisis generada por la COVID-19.

Para este miércoles a la 1:30 p.m. , está prevista una reunión de jefes de fracción en el Congreso, para decidir el texto que discutirán en el plenario.

Aunque la iniciativa no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo, ya circula un borrador entre las fracciones. De acuerdo con Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, la propuesta podría plantearse formalmente este miércoles.

El texto, hasta ahora no oficial, contempla:

  • Autorizar la reducción temporal de las jornadas semanales de trabajo, pactadas entre las partes, cuando los ingresos de las empresas se vean afectados en razón de la declaratoria de emergencia nacional. Dicha afectación debe ser de un 20% o más con respecto al mes anterior
  • El empleador podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para  reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo semanal pactada entre las partes, mediante declaración jurada que permita evidenciar la disminución de sus ingresos en un 20% producto de la emergencia nacional.
  • La reducción de la jornadas implicará una reducción del salario del trabajador en la misma proporción
  • En el caso de las empresas del sector turismo, cuando la disminución de sus ingresos alcance un 60% con relación al mismo mes del año anterior como consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional, se autoriza la reducción temporal de hasta un 70%  de las jornadas de trabajo semanal pactada entre las partes.
  • Durante el plazo de la vigencia de la autorización, las cargas sociales se aplicarán sobre el salario efectivamente percibido por el trabajador.
  • En caso de que el salario percibido afecte la cotización mínima establecida por la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá aplicarse el mínimo establecido por dicha institución.

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La minista de trabajo, Geannina Dinarte, informó que el planteamiento va en la línea de permitirle a los patronos reducir la jornada de trabajo debido a la baja en los ingresos.

Con esto, se busca evitar el mecanismo de suspensión de contratos o despidos, aunque sí acarrea una disminución en el salario. Todas estas medidas serían temporales.

Prioridad 

La Asamblea Legislativa se mantiene trabajando, incluso, habilitó jornadas extraordinarias por si es necesario aprobar leyes de urgencia.

Benavides detalló que se le dará prioridad a este proyecto de flexibilización laboral, con el objetivo de convertirlo en Ley de la República.

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Con el marco jurídico que están generando, el presidente de la Asamblea Legislativa espera que el impacto económico sea mucho menor para la ciudadanía.

Durante este martes, mantuvieron encuentros con jerarcas de Gobierno, que desencadenó en un consenso para aprobar proyecto de suspensión de impuestos. Cortesía.

Luego, subsidio

Aunque se tenía prevista la presentación de un proyecto de ley relacionada con subsidios para este martes, el Gobierno aplazó su entrada a la corriente legislativa.

“Conversamos sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley que buscaría generar algún tipo de transferencia dirigido a aquellas poblaciones que eventualmente se vean afectadas por despidos, suspensión de contratos de trabajo e incluso reducción de jornada laboral”, indicó Dinarte.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha querido brindar más detalles, relacionados con quién será la entidad encargada, de dónde saldrá el dinero para los subsidios, cuántas personas podrían acogerse a este beneficio, entre otras interrogantes.

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Lo que hasta el momento se ha concretado es una suspensión del pago de impuestos del valor agregado (IVA), selectivo de consumo y aranceles generados en marzo, abril y mayo, para empresas sin importar su tamaño. Aunque se les habilita hasta el 31 de diciembre para hacerlo, sin que giren intereses.

Además, se les habilitó a no pagar el 13% de IVA sobre los alquileres. El segundo debate se votará este jueves en Plenario, para luego trasladarlo a manos del Poder Ejecutivo quien deberá dar el trámite final para convertirlo en Ley de la República.