La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó un llamado a las autoridades del Banco Central de Costa Rica para dar explicaciones por la solicitud de datos que ha venido haciendo a diferentes entidades financieras.
La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberal Progresista Kattya Cambronero. Incluye a toda la Junta Directiva así como a la Gerencia.
Según justificó la legisladora, hay dudas por el procedimiento y el manejo de los datos.
“Realmente existe una preocupación por la solicitud de información que hace el Banco Central, información que es delicada, que no debería de pedirse en esa forma”, indicó.
“Es importante que entendamos cuales fueron los razonamientos para las solicitudes de información, pero además lo más grave: cuáles fueron los fundamentos para hacer una denuncia a la superintente de entidades financieras”, sumó.
La diputada liberacionista Andrea Álvarez también presentó una moción para investigar el tema. Aunque esta no se ha votado, Álvarez se sumó al apoyo de la primera iniciativa.
“A nosotros esta situación que ha pasado con los datos nos ha preocupado muchísimo porque cómo es posible que primero se haga una solicitud a doña Rocio Aguilar y que ella se niegue por proteger los datos sensibles de la población y el gobierno recurra a una demanda penal. Eso en ningún momento se ha visto y no solo ha sido a doña Rocío sino a otras instituciones”, apuntó.
La liberacionista agregó que la información socioeconómica son datos sensibles. Por su parte, Sofía Guillén del Frente Amplio mostró respaldo para clarificar la situación.
¿Puede la Comisión ver el caso?
El debate sobre el llamado a las autoridades del Banco Central incluyó un reclamo del diputado gobiernista, Daniel Vargas, que cuestionó si la Comisión tenía competencia.
Él alegó que podría incluso verse más en Derechos Humanos y pidió que el Departamento de Servicios Técnicos se pronunciara.
La diputada Cambronero fustigó el cuestionamiento y defendió que habían recursos públicos de por medio.
“No entiendo cómo se cuestiona que un tema cómo estos no sea un tema de recursos públicos. El recurso humano es un recurso público, la información es un recurso público, quien no pueda entender eso me parece un poco complejo”, dijo.
Para saldar la discusión, la presidenta Dinorah Barquero citó la normativa de la Asamblea y justificó que se trata de control político y por lo tanto sí podrían investigar.
Ante los señalamientos al Gobierno por la decisión del Banco Central, Vargas reclamó después que la institución financiera es independiente al Poder Ejecutivo.
“Banco central no es Gobierno y los bancos tampoco son Gobierno”, sostuvo.
Álvarez le contestó que de todos modos la presidencia del Banco es nombrada por el Poder Ejecutivo.