Tomás Gómez
La crisis política que vive Nicaragua tiene muchos rostros y ello se refleja en las miles de personas que han huido del país vecino para buscar mejores condiciones en Costa Rica.
Candidatos presidenciales, dirigentes estudiantiles, líderes sociales y periodistas forman parte del grupo que ha pedido refugio, pero junto a ellos están también cientos de otros nicaragüenses cuya vida cambió desde el estallido de la crisis social del 2018.
Justo ese año, doña Juliana entonces de 103 años, se vio forzada a huir del país. Con ella llegaron su hija y su yerno, también adultos mayores.
Por su avanzada edad y condición de salud, ella no pudo solicitar refugio al llegar a Costa Rica.
A tres años de su llegada y en medio de un recrudecimiento de la represión en Nicaragua, su historia cobró vigencia pues por fin pudo empezar el trámite para solicitar refugio.
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El caso fue compartido esta semana por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Tanto por Acnur como la organización HIAS le brindaron asistencia a doña Juliana desde finales de julio, con lo que por fin pudo arrancar el proceso.
En coordinación con Migración y Cruz Roja, la adulta mayor pudo ser trasladada a las oficinas respectivas para recibir inicialmente su documento de solicitante de refugio, con el que podrá avanzar su pedido.
A doña Juliana se le tramita un seguro de salud gracias al convenio que tiene Acnur con la CCSS (Twitter Acnur)
Cada vez más nicaragüenses piden auxilio
Luego de una bajada en el 2020 por la pandemia, las solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses se han disparado en Costa Rica en este 2021.
Datos de la Dirección General de Migración confirman que en los primeros meses del año el promedio era 1.300 peticiones.
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Para junio el dato se triplicó, llegando a 4.378 pedidos. La cifra, sin embargo, se quedó corta y para julio el reporte alcanzó los 5.379 casos.
A ellos hay que sumar además a quienes piden asilo, lo cual se tramita ante la Cancillería.
Un vecino complicado
El clima político de Nicaragua está tenso desde el estallido social del 2018.
En abril de ese año el régimen sandinista intentó hacer una reforma al Seguro Social que aunque finalmente fue retirada, desató protestas y con ellas una intensa represión de la cual se calculan más de 300 fallecidos.
La situación se enturbió aún más con la convocatoria a elecciones para noviembre próximo.
El presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato y para ello ya se ratificó su candidatura junto a su esposa, Rosario Murillo.
Para allanarle el camino, el régimen preparó varias leyes para perseguir a la oposición y reducir sus opciones electorales.
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En los últimos tres meses se han dado varias olas de detenciones. Estas abarcan políticos, dirigentes estudiantiles, activistas y empresarios opositores.
De manera genérica, la Fiscalía sandinista ha denunciado a decenas de personas de "traición a la patria", con lo cual generan procesos judiciales y retenciones irregulares.
