Tomás Gómez
Aunque la recepción de ofertas para el nuevo proveedor de tobilleras electrónicas cerraba el 29 de abril, las autoridades debieron correr el plazo a una fecha que aún no está clara.
Así lo confirmó el propio Ministerio de Justicia, ente encargado del caso. Según las institución, ha llegado solicitudes de aclaración y recursos de objeción que forzaron a dar más tiempo para atender las gestiones.
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Además, se deberán incorporar datos adicionales tras críticas hechas por la Contraloría General de la República.
Justicia señaló que las vías oficiales para más comunicaciones sobre las tobilleras serán solo sus redes sociales y el propio Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La ampliación pasará también por las embajadas. Esto después de que Justicia recurriera a las oficinas diplomáticas para conseguir más proveedores.
Tobilleras siguen en la discordia
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles estuvo marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiarían mediante el BID pero luego se recurrió a prespuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron Racsa y la ESPH, ganado la segunda.
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Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustuir al proveedor tercerizado.
Desde el 2019, la gestión de la exministra Marcia González arrancó el proceso para el contraro internacional. Con el cambio a la nueva jerarca, sin embargo, se frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
El proceso se dilató y no fue hasta febrero cuando se lanzó el nuevo cartel.
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El concurso se abrió sobre el tiempo límite del contrato actual y habiendo fracasado los pedidos de prórrogas, casi 1.800 usuarios de tobilleras tenían comprometido su destino.
Justicia recurrió entonces a la figura del “contrato adicional”, que extiende el vínculo actual hasta por 2 años o mientras queda en firme el nuevo concurso.
