Hermes Solano
La dueña de la empresa H. Solís, Mélida Solís enfrenta una causa judicial que data del 2011 por el supuesto pago irregular recibido de parte de Conavi por ¢1.000 millones para la compra de cemento.
Esta semana se realizó una audiencia preliminar en la que la empresaria, actualmente en prisión preventiva por el Caso Cochinilla, ofreció hacer un pago de ¢163 millones para conciliar y evitar ir a juicio.
Así lo explicó el abogado de la empresa, Francisco Campos, quien indicó que la conciliación fue avalada por la Procuraduría General de la República desde 2017.
Serían dos pagos, uno por ¢88 millones y otro de ¢75 millones como reparo de los daños.
Sin embargo, la Contraloría General de la República, quien presentó la denuncia en 2015, se opone a esta reparación del daño y por eso apeló en cada una de las audiencias que se realizaron.
“Se aprobó la aplicación de la medida alterna de juicio y se definió el monto de ¢88 millones y además se habló de un monto por daños de ¢75 millones. Se homologó el acuerdo, pero la Contraloría se ha opuesto, no sabemos los motivos”, explicó el abogado Campos.
“Tiene una posición arbitraria y caprichosa”, añadió.
El Observador consultó con la Contraloría General de la República, donde confirmaron la oposición, pero sin dar a conocer las razones.
“En cuanto a los motivos y razones jurídicas de la oposición a conciliar, los mismos fueron expuestos ante la autoridad correspondiente. No obstante, por tratarse de una audiencia preliminar -que resulta privada- esta Contraloría General de la República no se puede referir a los detalles del asunto”, respondió la División Jurídica de la CGR.
Francisco Campos, abogado de Mélida Solís.
¿Nueva audiencia?
Según el abogado de la empresa y de la empresaria, la conciliación fue refrendada por el Procurador General. Dijo que también fue homologada por los jueces en las audiencias en las que han participado, que dice son cinco hasta ahora.
Con la negativa de la Contraloría, habrá que esperar si se acepta la nueva apelación, lo que haría que se determine una nueva fecha de audiencia preliminar.
“El juez homologó el acuerdo, aceptó la conciliación entre H. Solís y la Procuraduría, y la Contraloría volvió a apelar, ahora depende del Tribunal”, dijo Campos.
El abogado indicó que en las audiencias previas a la realizada esta semana, el Ministerio Público estuvo a favor del acuerdo. Sin embargo, en esta última indicó que por una orden superior debía oponerse.
Mélida Solis está en medio de uno de los casos de investigación más importantes del país en el que se destapó una presunta red de corrupción entre los funcionarios del Conavi y las empresas de construcción de obra pública.
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El caso
Los hechos de este caso se remontan a diciembre de 2011. En esa fecha varios funcionarios de Conavi, entre ellos el exgerente financiero Carlos Solís, envuelto también en el Caso Cochinilla, dejaron de lado sus vacaciones de fin de año para aprobar un pago de ¢1.000 millones a favor de H. Solís.
Los delitos imputados son: pago irregular de contratos administrativos e influencia en contra de la Hacienda Pública.
De acuerdo con la acusación realizada por parte de la CGR, los funcionarios de Conavi ignoraron sus vacaciones y se presentaron a trabajar para beneficiar a la empresa constructora.
Ahí, tramitaron el cobro por ₡956,6 millones para el supuesto gasto de cemento en favor de H. Solís, como parte del proyecto para la ampliación y reparación de la ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos.
Esas obras se terminaron en abril de 2013, aunque en el trámite de esa factura, que se hizo dos años antes, se aseguró que ya estaban terminadas.
Además de Carlos Solís y Mélida Solís, en este caso están siendo investigados tres personas más. Se trata del entonces gerente de Conservación de Vías y Puentes, Marco Rojas Jenkins, y la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas. Además, la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza.
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“Plan delictivo”
Según la denuncia interpuesta inicialmente por la Contraloría, las 5 personas investigadas eran parte de “un plan delictivo” que hizo al Estado desprenderse ilegalmente de los casi mil millones de colones y “tardar 18 meses en poder recuperarlos mediante rebajos a otras facturas posteriores”.
Agrega que los investigados Aiza Campos y Solís Murillo irrespetaron condiciones que ellos mismos habían escrito y avalado en el contrato.
“Tramitan de forma irregular y obviando todos los requisitos necesarios en cuestión de días el pago del rubro del cemento Portland, por una cantidad de más de 5.000 toneladas, las cuales no se habían recibido y lo que es más gravoso, pagando la totalidad del mismo”, se lee en la demanda.
“La señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere”, señala la acusación.
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