Marco Marín
Con tal de evadir los controles policiales, reclusos del Centro de Atención Integral 26 de julio, ubicado en Chacarita de Puntarenas, escondieron celulares en diferentes partes de sus celdas, incluyendo el forro de un mueble.
Sin embargo, de poco sirvió el escondite ya que, este viernes, efectivos de la Policía Penitenciaria, con ayuda de agentes del Organismo de Investigación Judicial, llevaron a cabo una requisa del centro y decomisaron varios aparatos.
En total, las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares, nueve chips, tres adaptadores, dos cables USB, un cargador y una tarjeta de memoria.
La acción se dio luego de un intercambio de información entre la Policía Judicial y efectivos destacados en el centro. Durante la requisa se utilizaron scanners y perros policiales, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.
Esta fue la segunda incautación que se llevó a cabo este viernes en un centro penitenciario del país, ya que agentes del OIJ también ingresaron a La Reforma, en San Rafael de Alajuela, para decomisar celulares que, en apariencia, se utilizaron para timar a transportistas.
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Call center penitenciario
De acuerdo con Marcia González, ministra de Justicia, en lo que va del 2019 se han decomisado, al menos, 2.000 aparatos.
La información surgió luego de que se viralizó un video en el que se observa un centro de llamadas, montado por un grupo de privados de libertad, en esta cárcel.
Como medida de prevención, la Asamblea Legislativa aprobó, el pasado 31 de julio, una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, que obliga a las operadoras telefónicas a bloquear la señal móvil en todas las cárceles del país.
Para ello, las empresas cuentan con un plazo de nueve meses para hacer efectiva la medida.
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En el 2018, la Policía Penitenciaria reportó 2.946 celulares decomisados en los centros penales. El OIJ estimó que las víctimas de estafas, cometidas desde las cárceles, perdieron más de ¢2.400 millones entre el 2017 y el 2018.
Marco Marín
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