Hemos de aspirar a dotar al Estado de los recursos necesarios para sostener los niveles de gasto e inversión requeridos para avanzar en el desarrollo económico y social de Costa Rica, y acercarnos a las expectativas ciudadanas sobre el papel del Estado en la vida de todos y todas las costarricenses, pero no podemos apostar, como en el pasado, a que el Estado sea el motor de generación de desarrollo económico y distribución de la riqueza.
Tampoco podemos posponer más las inversiones indispensables para fortalecer nuestra competitividad, ni aceptar los niveles de pobreza que no hemos abatido en más de dos décadas.
Aspiramos, además, a los principios de orden y austeridad en el gasto público, los cuales se derivan no solo de los principios rectores más fundamentales de la hacienda pública, sino también del ejercicio responsable y objetivo para evaluar si el Estado construido en las décadas posteriores a la formación de la segunda República es el adecuado para nuestras necesidades actuales. Nos planteamos si el gasto público está verdaderamente orientado a ayudar a quienes más lo necesitan o, por el contrario, se centra en la defensa de privilegios e ineficiencias.
Debemos plantearnos un sistema tributario ( conjunto de leyes e instrumentos de gestión de los tributos ) que cumpla con los requisitos básicos de cualquier diseño en política fiscal: la generalidad e igualdad en la tributación, la redistribución de la riqueza nacional vía un gasto eficiente y un ingreso basado en la progresividad, la suficiencia de los ingresos respecto de la inversión pública requerida y el impulso a la productividad y a la atracción y retención de inversión extranjera directa y del ahorro.
Estas aspiraciones y nortes, deben plasmarse no solo en leyes de impuestos, si no además en medidas relacionadas con la gestión del gasto y con lo que conocemos como “recaudación” o sea Administración Tributaria. Los siguientes son algunos elementos que consideramos deseables y necesarios en nuestro sistema:
- Ampliación del número de convenios para evitar doble imposición con los países con los que tenemos mayor intercambio comercial para promover que Costa Rica sea hub de servicios compartidos en la región, dando a la vez certeza a la inversión extranjera y promoviendo el crecimiento de empresas de servicios que no estén en zona franca.
- Depreciación acelerada para la adquisición de bienes de capital para promover con ello la renovación tecnológica y mayor comercio de bienes de importante valor lo que genera a su vez, mayores ingresos en aduanas e IVA.
- Crédito fiscal en inversiones para utilización de energías de menor impacto al ambiente para promover la descarbonización y alentar la creación de nuevas empresas lo cual igualmente puede potenciarse con créditos fiscales por las inversiones que las empresas destinen a investigación y desarrollo ( que podrían contratar a las universidades públicas, por ejemplo ).
- Crédito fiscal o mayores porcentajes de deducibilidad por empleos nuevos para mitigar el coste de las cargas fiscales y con ello incentivar el empleo.
- Eliminación del impuesto de traspaso directo e indirecto para incentivar los movimientos de bienes de capital entre grupos y fuera de ellos, incentivando con ello la actividad económica y aumentando la base del impuesto de ganancias de capital y de bienes inmuebles.
- Conexión entre los impuestos que pagamos a nivel de las municipalidades y el impuesto sobre las utilidades, para que los primeros puedan ser considerados un crédito contra el segundo, promoviendo mayor conexidad entre la contribución y el desarrollo de las comunidades donde vivimos.
No se agotan en estas líneas los cambios requeridos, pues también debe fortalecerse la administración tributaria. Recientemente se ha conversado cada vez más y se avanza ya con el sistema de Hacienda Digital, y de paso se ha sugerido moverse a un modelo de agencia tributaria autónoma tal como se ha planteado en el pasado. Pero los elementos esbozados arriba sólo buscan plantear lineamientos para una discusión necesaria.