Tomás Gómez
Antes de que la discusión se polarizara entre conservadores y progresistas, Costa Rica había enfrentado el debate entre “sí” y “no” al TLC.
En una campaña marcada por corazones, el de Román Macaya estuvo del lado de los que se oponían al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
El hasta entonces empresario hizo así su debut en la política, en la que empezó una carrera bajo la bandera rojiamarilla del PAC.
Empresario contra el TLC
Antes de la vida pública, el currículum de Macaya registró su paso por Rimacsa, la empresa familiar ubicada en Cartago.
Sus labores en el negocio, dedicado a los agroquimicos genéricos, las combinó con su participación en diferentes agrupaciones dedicadas a defender los intereses del sector.
Pasó por la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquimicos y por la Cámara Nacional de Productos Genéricos.
En esa última empezó su activismo contra el tratado comercial con Washington desde el 2003.
Coordinó luego el grupo Pro Costa Rica, conformado por los empresarios que rechazaban el TLC.
Derrotado en el referéndum de octubre del 2007, el empresario inició su acercamiento a Acción Ciudadana, partido que lideró la oposición al TLC y que con sus diputados intentó trabar la agenda de implementación del tratado.
Candidato, embajador y Estados Unidos
Macaya persiguió la Presidencia de la República, pero sus intenciones quedaron frustradas con solo 2000 votos en la primera convención del PAC, celebrada en el 2009.
Pasó a formar parte del Comité Político del partido y fue nombrado embajador en Estados Unidos por Luis Guillermo Solís.
El país del norte no le resultaba extraño: nació ahí, específicamente en Miami, en 1966.
Después se formó como químico en Vermont, doctor en bioquímica en California y máster en administración en Pennsylvania.
A la cabeza de la Caja
El segundo gobierno del PAC lo trajo de vuelta a Costa Rica para asumir el difícil reto de administrar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La mudanza desde Washington hizo que asumiera tres meses tarde y su bienvenida fue la huelga contra el Plan Fiscal.
La ley terminó aprobándose, pero los servicios de salud enfrentaron cierres y hasta la toma quirófanos.
¿Acuerdo? con los sindicatos
La sombra del Plan Fiscal ha seguido generando traumas en la Seguridad Social.
Aunque la nueva ley pone límites al crecimiento salarial de todo el sector público, los empleados de la CCSS han buscado como zafarse de la norma, siempre con el beneplácito de Macaya.
En febrero ambas partes firmaron un acuerdo para mantener privilegios y cuando sintieron el acuerdo tambalearse, los sindicatos se fueron nuevamente a huelga.
Una semana bastó para que se cancelaran 43.000 citas y hasta se hayan abierto investigaciones por presuntas muertes.
La afectación no fue problema para Macaya cediera nuevamente.
Con apoyo del presidente Carlos Alvarado, el dirigente se comprometió con los sindicatos de la institución a iniciar un proceso judicial para que los topes a los beneficios salariales introducidos por el Plan Fiscal no sean vinculantes para ellos.
De paso, optó por anunciar que no va a aplicar la Regla Fiscal en la institución y se filtró luego un texto adicional en el que se comprometía al Ministerio de Hacienda a pagar los fondos que no se puedan recuperar en caso de declararse la ilegalidad de los pluses en la Caja.
Consecuencias y complacencias
Conforme se fueron dando a conocer los alcances del pacto entre la CCSS y sus sindicatos una ola de críticas comenzó a surgir desde diversos frentes.
Se pronunciaron en contra los empresarios, quienes llegaron a sugerir su salida.
En la Asamblea se juntan votos para llamarlo a comparecer y en señal de protesta contra el acuerdo, los diputados opositores decidieron no apoyar préstamos internacionales para el Gobierno.
La indignación llegó al propio Gabinete, pues la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, fue también crítica de las concesiones a los empleados de la Caja.
Mientras la lluvia de críticas arrecia contra él, Macaya sigue guarnecido en su oficina de la Avenida Segunda, gozando de la confianza de Casa Presidencial.
El corazón que antes decía “no” le dice ahora que “sí” a las exigencias sindicales.
Además de respaldar sus beneficios, les garantizó que no habrá castigos contra quienes se fueron a huelga.
