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El guión es muy similar cada vez que la Asamblea Legislativa elige un magistrado: se presentan nombres, hay varias rondas de votación y los partidos comienzan a perfilar a sus favoritos.

Pasadas las polémicas, la persona electa es juramentada y de ahí pasa a la Corte Suprema de Justicia, donde hasta hace poco tiempo los altos jueces permanecían con bajo perfil hasta su jubilación. Esta vez algo cambió: sobre el Poder Judicial pesan severos cuestionamientos, así como sobre sus dirigentes.

También es diferente que en lugar de una designación, hacen fila varios nombramientos. Para sacar la tarea, los legisladores acordaron una lista de sesiones adicionales con la que esperan, a más tardar enero del 2020, haber completado las nóminas.

Sin embargo el experimento arrancó mal y el debate no dejó los mejores augurios. En Cuesta de Moras sigue percibiéndose un tufo de secretismo y falta de transparencia, ya añejado con habilidad en los barriles de la política tradicional.

Por eso hoy, el personaje de la semana para El Observador es el fallido intento de elección de magistrado que ocurrió en el Congreso y la controversia alrededor.

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Cinco sillas poderosas

La silla que dejó Celso Gamboa, inmerso en el escándalo del cementazo, aún no se llana. (Asamblea Legislativa)

La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 22 magistrados. La cúpula del Poder Judicial leva meses sin la cuarta parte de sus integrantes.

Las réplicas del escándalo de importación de cemento chino llegaron hasta la Sala III, encargada de los temas penales, la cual quedó casi desintegrada. Celso Gamboa fue destituido y Doris Arias y Carlos Chinchilla apresuraron su jubilación, ante sus vínculos a la trama de corrupción que sacudió la administración de Luis Guillermo Solís.

También salieron pensionados Carmenmaría Escoto de la Sala I y Ernesto Jinesta de la Sala Constitucional. Sus espacios son llenados de manera interina por magistrados suplentes.

Eso permite a la Corte funcionar pero afecta las votaciones, rompiendo la estabilidad de los votos y dejando las líneas jurisprudenciales – es decir el conjunto de sentencias y cómo los tribunales interpretan la ley – a merced de la integración de turno.

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El poder de los diputados

Sillas claves para el funcionamiento del Poder Judicial y la aplicación de la justicia siguen vacías, mientras los diputados se resisten a arrojar luz sobre cómo votan. (Douglas Campos para El Observador)

La Constitución Política definió que los diputados – entre los que hay médicos, economistas, ingenieros y pastores evangélicos – elijan a los jueces de más alto rango. Otros países se han decantado por procesos más técnicos y profesionales o hasta por elección popular, pero Costa Rica sigue depositando la labor en el Poder Legislativo.

Cuando sale cada vacante son libres de presentarse al cargo todas las personas que cumplan los básicos requisitos: ser abogado costarricense mayor de 35 años. Los postulantes pasan por la evaluación de la Comisión de Nombramientos, que sugiere al Plenario los que – en teoría – son los nombres más óptimos.

La metodología lleva años en cuestionamiento por dar altos porcentajes de la nota a la entrevista sobre los atestados y porque las recomendaciones no son vinculantes.

Se han planteado reformas para que las escuelas de derecho y el Colegio de Abogados tengan más protagonismo en la elección. Se ha buscado la forma de que las votaciones no se hagan en secreto. Esta legislatura, en la Comisión de Nombramientos, levantó un nuevo mecanismo con mayor balance en la calificación.

Ninguno de los intentos ha progresado, dejando las puertas abiertas a incidentes como el del miércoles pasado.

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Todo lo que salió mal en el primer round

Pedro Muñoz del PUSC mantiene una cruzada particular contra el Poder Judicial. Además defiende que el voto secreto, pues alega que podrían amenazar a los diputados. (El Observador)

La maratónica de nombramientos arrancó por la Sala III, que actualmente funciona con solo dos titulares. Tras presentarse las recomendaciones de Gustavo Jiménez, Álvaro Burgos, Sandra Zúñiga y Roy Badilla, se dio la primera votación.

Ninguno resultó electo pero la mayor sorpresa fue que en segundo lugar apareció el nombre de Gregorio Briglia, un juez que nadie recomendó y que había fracasado en otros concursos por no presentar la documentación a tiempo.

Sin humo blanco los diputados se fueron a almorzar y a su regreso, el Plenario se convirtió en un campo de batalla, donde todos atacaron el surgimiento del quinto nombre y nadie se responsabilizó por los votos.

Los reclamos volvieron a centrarse en la votación secreta. El socialcristiano Pedro Muñoz insistió en votar secreto para evitar – según él – amenazas de la mafia. La oficialista Carolina Hidalgo dijo que los votos recientes de la Sala Constitucional obligan a elecciones abiertas, lo podría anular la sesión. Y el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides adujo que la sentencia no regía en ese caso.

Tres rondas más vinieron y aunque el candidato Burgos fue ganando más respaldos, la mayoría requerida no se vislumbra aún.

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Y lo que falta…

De aquí a febrero, los diputados dedicarán las mañanas de los miércoles a la elección de magistrados.

Decenas de candidatos siguen bailando alrededor de las cinco sillas, a la espera de que los congresistas apaguen la música y apoderarse de una de ellas.

El juego político y el secretismo amenazan con continuar y seguir desnudando las realidades del Poder Judicial pero sobre todo del Legislativo.


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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