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El Acuerdo de Escazú: ¿Se volvieron locos?

Carlos Peña para El Observador Desde los años noventa se viene gestando una agenda de protección al medio ambiente por…

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El Acuerdo de Escazú: ¿Se volvieron locos?
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Carlos Peña para El Observador

Desde los años noventa se viene gestando una agenda de protección al medio ambiente por medio de una conferencia internacional la cual generó el “Acuerdo de Río”.

Dicho acuerdo es una suma de compromisos internacionales de sostenibilidad con el fin de limitar las acciones del ser humano en pro del medio ambiente.

Algunos países como Estados Unidos consideraron que dicha agenda era tan radical que optaron por abandonar dicha iniciativa. Del “Acuerdo de Río” se desprenden varios principios rectores de la protección ambiental. Desde entonces se han venido introduciendo, lentamente y sin mucha bulla, a nuestro ordenamiento jurídico.

En seguimiento al principio 10 del “Acuerdo de Río” se plantea un proceso de negociación entre varios países para crear un marco normativo por medio de un tratado regional que se dice es para el debido acceso a la información de las comunidades en materia de gestión ambiental; pero como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”.

Los peligros

El primer peligro que tiene este tratado es la pérdida del derecho a la propiedad privada. Si vemos el artículo 2 de definiciones, dicho tratado le da un rango a organizaciones no gubernamentales de superpolicía por encima de los Estados para actuar en materia ambiental.

Se entiende que si una organización de estas no está de acuerdo con cualquier proyecto que genere impacto al ambiente, sin realmente justificación o justa causa, puede detener cualquier acción y puede demandar a los Estados ante la Corte Internacional de La Haya.

En todo el cuerpo normativo se comprende que, sin importar que la persona que ejecuta el proyecto productivo con impacto ambiental tenga la viabilidad técnica, si estas ONGs no aceptan dicha resolución puede impugnar cualquier actuación estatal ante organismos internacionales. Tal cual sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya sabemos lo que pasa ahí.

Peor aún, cualquier proyecto que tenga impacto ambiental deberá ser aprobado por las comunidades. En otras palabras, personas que no tienen criterios técnicos, financieros o si acaso empresariales, con toda libertad y sin posibilidad de argumentar lo contrario, pueden decidir si aprueban o no la gestión de un proyecto empresarial determinado.

Ya Setena y las Municipalidades usualmente se equivocan, son poco cuidadosos en sus análisis y hay que, hasta pensar por ellos. No me quiero imaginar qué pasará cuando se deba construir un parque industrial, abrir una mina o si acaso talar árboles en una finca.

Un caso práctico es el mío. Yo tengo en Abangares, Guanacaste, una finca ganadera que está siendo transformada en una finca con fin maderero.

Estoy sembrando para cosechar madera en 10 años. Si fuera el caso que alguna organización no gubernamental o vecino no le parece lo que estoy haciendo, a pesar de que tenga todos los permisos del MINAE como deben de ser, a pesar de que la finca se compró con ese fin y a pesar de que son árboles sembrados para tal fin, no se podría aprovechar dicho terreno hasta que pase un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

Así de absurdo como suena, pero el papel aguanta lo que le pongan.

Como muchas acciones progresistas en este mundo, la redacción tiene palabras que suenan muy bien, suenan adecuadas. Pero en los detalles y en los puntos exactos del tratado es que empiezan a salir los horrores de esta agenda oculta de una extrema izquierda que, como siempre, nos vende humo para destruir nuestro sistema económico con el fin de garantizarse poder.

Acceso irrestricto

El artículo 5 del mismo tratado da un acceso irrestricto a la información a cualquier persona o entidad a información de cualquier proyecto con impacto ambiental.

Dice en su literalidad el artículo que se puede pedir cualquier dato sin justificación. Por lo que veremos un irrespeto a la confidencialidad del proceso administrativo que cualquier ciudadano ejecute ante la administración. Ya vimos lo que sucedió con la lista de grandes contribuyentes en Hacienda sin utilidades.

Además, este tratado generará ultra controles y doble burocracia; siendo que el punto 18 del artículo 5 establece que deberá existir instituciones imparciales que promuevan la transparencia al acceso de información ambiental. Son controles adicionales sobre los controles.

El artículo 7º dice que la participación en la gestión de toma de decisiones debe de ser garantizada al “público”. Esto no es solo a la población local de donde se haga el proyecto; si no que cualquier persona tendría el poder de decidir el futuro de cualquier proyecto en cualquier propiedad privada a nivel nacional. Literalmente, es la extinción de la propiedad privada como la conocemos.

Estuve revisando ciertos documentos y entrevistas disponibles, no en Costa Rica, sino en otros países del continente. Me sorprendió la entrevista hecha al ex canciller peruano Francisco Tudela.

Con gran preocupación señala que el Tratado de Escazú hace a los estados abdicar, regalar, ceder, perder o renunciar a su propia soberanía. Esto porque ahora prácticamente serán ONGs de cualquier tipo las que pueden decidir sobre los manejos que hagan los Estados sobre su territorio. Lo anterior es así en razón de la redacción, dice él, del artículo 7 del Tratado.

Aquí el artículo:

“Artículo 7 Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

  1. Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.
  2. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.”

Les doy otro ejemplo. Un grupo de ingenieros del Tecnológico de Cartago recomendó cortar los árboles dentro y alrededor de las Ruinas de Cartago porque genera daños estructurales. Pues existen muchas personas diciendo que mejor demuelan las ruinas y dejen lo árboles. Espero que con este ejemplo quede claro el tipo de peligros a los que nos enfrentamos.

Es todo o nada

Señala el canciller Tudela, en una entrevista, que lo peligroso es que la denuncia del tratado (salirse de él) no se puede hacer hasta 3 años después de ratificado. Tampoco se puede hacer ninguna reserva sobre el mismo.

En otras palabras, cualquier tratado serio permite a los Estados decir que sí y que no quieren aceptar; pero en este caso es todo o nada.

Lo que no tiene sentido es que ya el marco normativo interno resuelve todas las preocupaciones de los ambientalistas. Que lo digamos quienes hemos o estamos tramitando permisos ante Setena, que piden de todo y más.

Esta es la misma estrategia radical que tomaron los grupos de “derechos humanos” en sus agendas para eliminar el requerimiento de agotar las vías judiciales internas para ejercer dicha influencia a nivel internacional.

En otras palabras, lo que este tratado hace es duplicar la normativa interna y prescindir de la necesidad de agotar vías internas de los países. Así, por medio de ONGs internacionales, se puede doblegar a los gobiernos y obligarnos a hacer lo que estas agendas radicales quieren.

Muchos lectores pensarán que esto no les afecta porque no tienen proyectos de desarrollo urbanístico, no tendrán fincas productivas o también son parte de esa izquierda radical globalista que pretende imponer una agenda a toda costa.

Pero en el mediano plazo, va a significar más trabas para cualquier empresa productiva. Incluso, muchos desconocen que para movimientos de tierra superiores a 200 metros cúbicos o casas con construcción de más de 500 metros cuadrados, debe de aprobarse un D2 o D1 dependiendo del caso en Setana.

Esto representa miles de dólares en honorarios de consultores, miles de dólares en depósitos de garantías y un proceso extenso para acciones realmente de bajo impacto. Pero a los ambientalistas radicales alrededor de Setena no les importa porque lo único que saben hacer es obstruir, no construir.

En resumen, esperemos que esta nueva amenaza a nuestra democracia sea rechazada por los diputados nacionales. De ratificarlo, demostrará que estamos en mayores problemas de los que cualquiera imaginó.