Hermes Solano
Con el inicio este jueves 1 de julio del nuevo juicio contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) para definir el monto total a pagar por estafar al Estado, los precandidatos presidenciales dieron su posición al respecto.
Carolina Hidalgo, Marcia González, Welmer Ramos y Hernán Solano lucharán por convertirse en el candidato presidencial para las elecciones de 2022.
Este juicio está pactado para realizarse durante todo el mes de julio, del 1 al 30, según lo definió el Juzgado Penal.
La Procuraduría General de la República busca que se incluyan 81 contratos falsos que fueron dejados por fuera en la condena de 2016, donde se sentenció al PAC al pago de ₡353 millones.
El Observador consultó a cada uno de los precandidatos sobre su posición ante el nuevo juicio.
“Sé que el Comité Ejecutivo Nacional está haciendo todos los esfuerzos para pagar lo adeudado y no tengo duda del compromiso que el Partido tiene para hacerlo”, respondió la diputada Hidalgo.
“El partido será respetuoso de lo que se resuelva en la sede judicial”, dijo por su parte Welmer Ramos.
“Soy respetuoso de las instancias judiciales que evidentemente están realizando el proceso y como costarricense y convencido del sistema democrático que tenemos y la división de poderes, hay que esperar el proceso”, dijo por su parte Solano.
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Marcia González coincidió con sus rivales de contienda en que se debe ser respetuoso de lo que dicte el Tribunal en un caso que está sentenciado y donde se discutirá el monto a pagar.
“Somos categóricas, el partido debe hacer frente a esta responsabilidad con recursos propios, que esperamos vengan de muchas pequeñas donaciones de personas afiliadas”, mencionó.
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Esfuerzos para recolectar el dinero
En los últimos meses el PAC ha dicho en algunas ocasiones que estaban buscando la forma para recaudar los fondos que les permitan pagar.
Ramos resaltó el trabajo que se está haciendo desde la agrupación para conseguir el dinero que la agrupación debe pagar.
“Se están haciendo esfuerzos por recaudar fondos mediante donaciones que nos permitan realizar el pago correspondiente”, manifestó el legislador.
Por su parte, el exministro de Deportes cree que el partido debe lograr un acuerdo para el pago del monto que finalmente se defina.
“El PAC como partido debe llegar a un acuerdo con los jueces y la Procuraduría para el pago de la deuda, que es lo que le toca al partido honrar en su debido tiempo”, señalo Hernán Solano.
No pagar el monto de la condena previo a las elecciones nacionales no acarrea ninguna consecuencia para el partido; es decir, pueden participar sin problema.
Así lo explicó el Tribunal Supremo de Elecciones a El Observador.
“No existe en este momento una norma, que además de la sanción, multa o pena en prisión, permita la inhabilitación del ejercicio en un proceso electoral”, explicó Héctor Fernández, director de Registro Electoral del Tribunal, ante consulta de El Observador.
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Luego de 5 años
La Procuraduría General de la República espera demostrar el daño patrimonial al Estado por los contratos falsos que presentó el partido para cobrar la deuda política de las elecciones de 2010.
Según el Procurador Penal, Rándall Aguirre, los 81 contratos que no se incluyeron en la condena inicial de 2016 podrían generar un monto que asciende a los ₡160 millones, a lo que habría que sumarle los intereses y las costas.
En total, el PAC -en caso de que el Tribunal le dé la razón a la Procuraduría- tendría que pagar alrededor de ₡800 millones, incluyendo intereses y costos procesales.
Hace cinco años al partido de Gobierno se le condenó al pago de ₡353 millones por presentar 179 contratos falsos que cobró como deuda política.
Sin embargo, la Procuraduría apeló la sentencia al asegurar que se trató de un total de 263 contratos fraudulentos.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José estableció entonces que el monto a pagar era de ₡516 millones.
El PAC apeló esa sentencia y en setiembre de 2019 la Sala III de la Corte resolvió que se debía revisar el montón de la condena en un nuevo juicio.
