Desde la Columna
Por Grettel Calderón Méndez
En diciembre del 2018 se aprobó en el país la Metodología Tarifaria para la Protección al Recurso Hídrico (TPRH), con el objetivo que los operadores del servicio de acueducto generen ingresos que permitan implementar proyectos para la protección de este recurso.
Desde esa fecha, la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) ha aprobado en tres ocasiones esta tarifa, la primera de éstas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la segunda a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la tercera, a la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado (ASADA) de Río Blanco, en la provincia de Limón.
A pesar de la innovación de este instrumento financiero y la presunta sencillez con la que los operadores podrían solicitar y aplicar la tarifa, la realidad muestra lo contrario; en especial para las ASADAS la metodología se convierte en todo un desafío por la estructura técnico- financiera de la cual se constituye, afectándoles principalmente por no contar con el recurso humano y las capacidades para hacerle frente a este tipo de instrumentos.
Esto se refleja en el hecho que 3 años después de haberse creado la metodología, solo una ASADA (de aproximadamente 1400) ha superado la barrera de la solicitud tarifaria, consiguiendo su aprobación.
Una de las principales causas por la que la tarifa se convierte en un desafío para estas organizaciones locales refiere a la supresión que se ha hecho del componente social, aun cuando esta dimensión está presente de manera intrínseca en el proceso de la solicitud tarifaria.
Si se hace un alto en el análisis, el rostro humano de la TPRH se presenta en distintos niveles: el personal de las instancias encargadas de su aprobación (AyA y ARESEP), el personal de la ASADA que decide aplicar la metodología, las personas que en calidad de abonados pagan la tarifa (la cual se incluye en el recibo del servicio público) y por último, la comunidad en general, que se beneficia de los proyectos que se financian.
En esa dinámica institucional de generación de mecanismos, las instancias respectivas (AyA y ARESEP en este caso) deben desde la etapa de planificación, analizar la dimensión social que tendrán estos mecanismos para que la etapa de implementación no se convierta en una limitación para los operadores.
Actualmente, estas instituciones se encuentran trabajando de manera colaborativamente con organizaciones como la Fundación ALIARSE, para conjugar esfuerzos y adecuar el proceso de solicitud tarifaria de acuerdo con el perfil y las necesidades de las ASADAS, brindando a la vez acompañamiento y asesoría.
En el caso de las ASADAS, la decisión de realizar la solicitud tarifaria impacta de manera directa a la organización: desde las personas miembro de la Junta Directiva y la presidencia, hasta el cuerpo administrativo, contable y de gestión de proyectos; siendo una necesidad el hecho que estos actores generen un consenso y de manera voluntaria decidan que la solicitud tarifaria es parte de la estrategia que tendrá el operador como parte del servicio que brinda a la comunidad.
Con rostro humano
El rostro humano de la TPRH toma también fuerza (y más especialmente) en las personas abonadas del acueducto que les brinda el servicio público, con esta población en particular debe generarse un diálogo social en el que se explique sobre el concepto, las implicaciones y beneficios que conlleva, y una sensibilización sobre la contribución que están haciendo para desarrollar proyectos de protección del recurso hídrico, que se implementan el día de hoy pero que tendrán repercusiones positivas en el futuro, para que las próximas generaciones cuenten con el apreciado recurso en condiciones óptimas.
Considerando anteriormente lo expuesto, es evidente que la tarifa como instrumento financiero se vuelve útil en la medida en que es comprendido, interiorizado y ejecutado por las personas.
Si el país desea avanzar para que este tipo de mecanismos lleguen a ser aplicados cada vez más por las ASADAS, se requiere visibilizar el rostro humano de estos instrumentos y generar un equilibrio entre el componente financiero-técnico y el social; de manera contraria la innovación y proactividad quedará plasmada únicamente en la planificación, con un deseo de operativización que queda limitado por la escasa comprensión y el ineficiente diálogo que se da en los actores clave involucrados y la población en general.
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