Hermes Solano
El candidato presidencial del partido Liberal Progresista salió al paso de los señalamientos que lo involucran con una sanción recibida cuando fue parte del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
Feinzaig fue parte de ese consejo cuando fue viceministro del MOPT entre enero de 2001 y mayo de 2002.
En el 2001, el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), que es el cuerpo colegiado que rige la aviación en Costa Rica, aprobó las tarifas comerciales del aeropuerto Juan Santamaría, para la entrada en vigencia del contrato de gestión interesada de dicha terminal.
El contrato estableció que, para el ajuste de las tarifas comerciales denominadas en dólares, se utilizaría un índice de precios de bienes y servicios, excluyendo bienes agrícolas, de los Estados Unidos.
Estas tarifas se refieren a cobros de alquiler para los comercios que operan en el aeropuerto, el uso de los counters y oficinas de las aerolíneas, entre otros.
La Contraloría General de la República consideró que la escogencia del índice de precios por parte del Cetac había sido incorrecta, afirmando que se había causado un daño a la hacienda pública, a pesar de que nunca lo cuantificó.
“En la redacción del contrato estos rubros los pusieron en mayúsculas, como si se tratara del nombre oficial de un índice. Sin embargo, no existía un índice con tal nombre, y así lo certificó el Bureau of Statistics de los Estados Unidos”, dijo Feinzaig.
“El Cetac tomó entonces la decisión de usar un índice que mide exactamente lo mismo -precios de bienes y servicios no agrícolas de los Estados Unidos- pero con un nombre levemente distinto al indicado en el contrato”, añadió el candidato.
Administrativo, no judicial
El aspirante presidencial del PLP enfatizó que se trató de un proceso administrativo y no judicial, por una decisión estrictamente técnica, tomada por un cuerpo colegiado perfectamente capacitado para ello, y que no medió delito alguno.
“Un grupo colegiado de funcionarios, amparado en criterios técnicos expertos, debe poder tomar las decisiones necesarias para agilizar el servicio y que este sea expedito, serio y eficiente”, indicó Feinzaig
“De esta experiencia de hace casi dos décadas aprendí, dolorosamente, que en Costa Rica, quienes toman decisiones serias, profesionales y pensando en el bienestar de los ciudadanos y la eficiencia en los servicios públicos, corren el altísimo riesgo de terminar señalados, perseguidos y castigados sin fundamento”, finalizó.
