Paulo Villalobos
El técnico en telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Mauricio Sanabria, fue suspendido un mes sin goce de salario. Este fue el castigo por empujar al presidente de la República, Carlos Alvarado, mientras abandonaba -en medio de un grupo de manifestantes- un acto en el Teatro Nacional.
La oficina de prensa del Instituto confirmó a este medio el castigo contra el funcionario, derivado de un procedimiento ordinario disciplinario.
El acto final se dictó en mayo pasado y la sanción se cumplió entre el 30 de mayo y 28 de junio de 2019.
La respuesta dada a El Observador indica que Sanabria no interpuso apelación alguna contra la resolución.
Abucheos, insultos y agresiones
Los hechos que motivaron la sanción contra el funcionario acontecieron el 3 de octubre de 2018. El mandatario participaba ese día en la cuarta edición del Congreso Nacional de Movilidad, en el Teatro Nacional.
Entonces se cumplían 24 días consecutivos de una huelga sindical contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una reforma tributaria que para se discutía en la Asamblea Legislativa.
Los protestantes llegaron al acto en el que participaba Alvarado y bloquearon la puerta principal del coliseo.
Ello motivó a que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) evacuara al gobernante por uno de los costados del inmueble.
Sin embargo, cuando el presidente era escoltado hacia un vehículo en la plaza de la Cultura, topó con insultos y abucheos de manifestantes.
Una cámara captó a Sanabria en el momento en que increpaba a Alvarado, al tiempo que sus agentes de seguridad lo separaban.
Pese a lo anterior el técnico del Instituto alcanzó a empujar al mandatario por la espalda, sin causarle daño alguno.
Denuncias policiales
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) denunció al menos tres hechos presentados la mañana de ese miércoles.
La cartera pidió al Ministerio Público investigar -además del empujón- el lanzamiento de un objeto contra un carro presidencial y la colocación de los denominados “miguelitos” para ponchar las llantas de patrullas, de acuerdo con información recogida por el sitio AmeliaRueda.com.
Ese medio también dio cuenta de una investigación penal seguida contra un empleado de la Imprenta Nacional, de apellido Fernández.
La causa en su contra fue iniciada por el aparente delito de agresión con arma, dispuesto en el artículo 140 del Código Penal. Esa norma establece, además, un castigo de entre dos y seis meses de cárcel.
Paulo Villalobos
