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Empleados públicos se quedan sin anualidades para los años 2021 y 2022

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Tiempo de Lectura: 2 minutosLos empleados públicos se quedarán sin el incentivo salarial de anualidades para los años 2021 y 2022.

Así lo aprobaron este lunes los diputados en segundo debate durante la inauguración de la nueva sede del Congreso.

Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, cubiertas por el artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022.

La iniciativa contó con el respaldo de 39 legisladores, sin embargo, en contra votaron 11 congresistas, entre ellos, José María Villalta del Frente Amplio, principal opositor de la iniciativa.

Villalta reclamó que el rebajo aplicará a todos los funcionarios del sector público por igual. Es decir, sin diferenciar entre magistrados y policías.

OBSERVE MÁS: Bloqueo de Villalta en proyecto de anualidades provoca enfrentamiento en Plenario

A pesar del rebajo, los empleados públicos se someterán a la evaluación de desempeño en ambos períodos.

Salarios bajos

Estas anualidades no serán compensadas, como lo pretendía el frenteamplista mediante mociones ya votadas.

Otro intento fue que la eliminación no aplique a trabajadores con salarios menores a ¢549.000. Sin embargo, su plan fracasó.

Otras voces que se sumaron en contra justificaron la afectación a trabajadores con salarios catalogados por ellos como bajos.

“Los funcionarios públicos no son millonarios, millonarios son los evasores y elusores”, dijo Óscar Cascante, legislador socialcristiano.

“Hay funcionarios que ganan 300.000 colones, pero aquí se generalizó y se afectó por parejo, afectando esas familias. Estaría de acuerdo en salarios mayores a 1.000.000 de colones”, sentenció.

El ahorro en anualidades sería de 44 mil millones de colones, mientras que las instituciones autónomas trasladarían 23 mil millones al Fondo Nacional de Emergencias.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno debido a la crisis fiscal que enfrenta el país, la cual se vio agravada durante la pandemia.

Será Ley de la República cuando el Poder Ejecutivo finalice su debido trámite.


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