Hermes Solano
Eladio Araya Mena, de la Constructora Orosí, que quebró, denunció que Mélida Solís y Roberto Acosta, cabezas de la empresa HSolís le ofrecieron ¢500 millones para que no presentara oferta en dos licitaciones de conservación vial.
Además, le prometieron comprar materiales a Grupo Orosi.
Eso se habría dado durante una reunión que los tres sostuvieron en la cafetería Giacomin ubicada en Los Yoses en San José, donde incluso le habrían sugerido que mejor no participara más en los procesos de licitación.
La razón que le dieron y que reza en el expediente 17-000091-1218-PE del cual El Observador tiene copia, era porque “tenían comprado Conavi, que si no se apartaba le iban a echar la maquinaria de Conavi”.
Se intentó conversar con Eladio Araya este martes; sin embargo, su secretaria aseguró que no contestó a los mensajes que se le dejaron con la solicitud.
Los dos representantes de HSolís están imputados en el Caso Cochinilla. Mélida Solís, es una de las 28 personas que están en celdas judiciales desde el lunes de la semana anterior.
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Expedientes acumulados
En el 2017 Araya presentó una denuncia, según confirmó el Ministerio Público y el expediente se unió al actual para tramitarlo como un solo caso.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que la causa 17-000091-1218-PE se encuentra en investigación dentro de la etapa preparatoria y se acumuló al expediente 19-000025-1218-PE”.
De acuerdo con el expediente, lo señalado por el dueño de Grupo Orosi coincide con algunas de las prácticas que se denunciaron en 2018 y que las autoridades comenzaron a investigar y constatar con las intervenciones telefónicas.
“…lo cual podría ser coincidente con lo denunciado precisamente por el empresario Eladio Araya Mena en la denuncia que interpuso bajo número único 17-000091-1218-PE, de que las adjudicaciones de estas licitaciones estuvieron empañadas de actos colusorios y de corrupción, por un lado, o en su defecto de ventajas indebidas por parte de la empresa MECO, por tener información de las líneas de la oferta de la competencia, que le permita modificar sus precios a fin de resultar favorecido”, dice el informe.
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Intervención ilícita
Grupo Orosi resultó afectado por algunas de las actuaciones de funcionarios del Conavi. En una ocasión, según se narra en la investigación judicial, fue a causa de la actuación del Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Johnny Barth Ramírez, otro de los detenidos por el “Caso Cochinilla”.
Tras la apelación presentada por no lograr la adjudicación de una de las licitaciones y en la que su oferta (de Orosi) era menor a la H. Solís, Barth Ramírez se aprovechó de su cargo y contestó el recurso de apelación para readjudicar la licitación a los primeros.
El funcionario lo hizo mientras gozaba de un permiso sin goce de salario.
“Según las investigaciones, el encartado Barth Ramírez, aprovechando su cargo, condujo a la adjudicación en favor de H. SOLÍS de la licitación 18, por una suma multimillonaria superior a la de la oferta de Grupo Orosi, al haber contestado un recurso de apelación presentado por la última empresa mientras gozaba de un permiso sin goce de salario, además de haber confeccionado el informe GCTT-oi 16-0765 (durante el mismo permiso sin disfrute salarial) en el que recomendó la readjudicación en favor de H. SOLIS”, dice la investigación.
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En quiebra
La empresa de Eladio Araya, ahogado en deudas, vio como perdía maquinaria mientras realizaba algunos trabajos de obra pública.
En enero de 2019, Grupo Orosi solicitó la administración por intervención judicial al Juzgado Concursal del primer Circuito Judicial de San José.
A través de ese proceso, la compañía podía acceder a una moratoria de sus deudas mientras intentaba recuperar su salud financiera y evita entrar en quiebra, algo que no logró.
En noviembre de 2020 el Consejo Nacional de Viabilidad la inhabilitó para optar por la adjudicación de proyectos en el país durante los próximos 10 años.
Al parecer, la constructora incumplió el contrato del proyecto de mejoramiento de la ruta 606 Guacimal – Monteverde, y por eso en enero de 2019 se disolvió la concesión.
Gerente sentía “la amenaza”
Durante las intervenciones telefónicas que realizó el OIJ en la investigación del caso, hay una conversación que evidencia el “temor” o la “amenaza” que representaba Eladio Araya para el gerente financiero de Conavi, Carlos Solís.
Solís es uno de los implicados por supuestamente recibir dádivas en dinero en efectivo, licor, almuerzos, comida para la fiesta navideña y hasta los favores sexuales.
En una de las intervenciones, Solís conversa con el hermano del dueño de Grupo Orosi y le cuenta que “anda jodiendo” y “detrás mío”.
Incluso, reconoció que en la fiesta del Consejo Nacional de Vialidad en diciembre de 2019, por la que pidieron carne de todo tipo a otro empresario, llegó el OIJ a revisar las placas de los carros.
Este es un extracto de esa conversación:
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El OIJ consideró que Solís buscó con esta conversación que “Sergio Araya Mena interceda ante su hermano Eladio Araya Mena, para que desista de las denuncias interpuestas ante este Organismo”.
En la conversación, que fue extensa, el gerente financiero de Conavi le contó a Araya Mena que durante la fiesta el OIJ “recogió” algunas cosas. El hermano del empresario le recomendó cuidarse porque no sabía la relación que el dueño del Grupo Orosi tenía con el OIJ.
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