Paula Umaña
El sector empresarial costarricense advirtió este viernes, en una carta dirigida al presidente de la República Carlos Alvarado, que la convocatoria del proyecto de ley que impone un tope a las tasas de interés “es un error”, sobre todo si se discute en el marco de una emergencia nacional que ya golpea fuerte la economía de los costarricenses.
La Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) señaló que se deben tomar en cuenta los efectos recesivos en el mercado nacional que podría generar la iniciativa, en una ya desacelerada economía.
Tras la presión de algunos diputados, el proyecto -impulsado por el diputado del PAC, Welmer Ramos, y el liberacionista, David Gourzong- fue convocado nuevamente. Se trata del expediente 20.861.
El sector empresarial insistió en que no es un momento adecuado para discutir y tramitar a contrarreloj una ley de gran importancia para la economía costarricense.
“No es el momento prudente de su discusión en la Asamblea Legislativa, y sería un error aún mayor la aprobación del expediente”, escribió en la misiva Álvaro Sáenz, presidente de la Uccaep.
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“El proyecto de ley propuesto genera un serio problema de exclusión en acceso al crédito y al uso de tarjetas bancarias a gran parte de la población costarricense”, señaló Uccaep.
La opinión de algunos expertos en la materia se une a la línea de la Uccaep, al señalar que la iniciativa excluirá a un gran porcentaje de la población de la oportunidad de acceder a créditos.
“Lo que va a provocar este proyecto es que los bancos empiecen a cortar las líneas de crédito y tarjetas de aquellos clientes que no les sean rentables con el techo que se les quiere poner a las tasas de interés”, consideró el economista Gerardo Corrales.
Otros sectores, como la Cámara de Comercio y Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), también opinan que el momento no es el idóneo para discutir el proyecto.
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Gran exclusión
Según la opinión de Uccaep, la ley tendría efectos recesivos en el mercado nacional al perder capacidad de consumo agregada y se corre, además, el riesgo de sumir a medio millón de personas al agiotaje y al sector financiero informal.
“El segmento de los consumidores financieros con costos unitarios más altos, que es el segmento de la población con menores ingresos, se quedaría sin servicio crediticio, debido a que la operación como tal no permitiría cubrir los costos del servicio, además las deudas contraídas no desaparecerán, pues lo ya adeudado no variará y quien afirme lo contrario, no está diciendo la verdad”, indicó la unión empresarial.
En la misiva, la Uccaep también señaló que el impacto directo para la administración pública es importante por la afectación en la recaudación de impuestos.
Paula Umaña
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