Paulo Villalobos
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se sumó al debate sobre el presupuesto de las universidades públicas. Los empresarios privados exigieron al Gobierno levantar los bloqueos, que sirjan en las protestas estudiantiles.
“Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que actúe conforme a lo dictado por la Sala Constitucional (de forma efectiva) en materia de los bloqueos ilegales, los cuales perjudican la libre circulación de la mayoría de ciudadanos”, indicó la organización.
Desde el pasado miércoles, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) convocó a una marcha hacia Casa Presidencia, para la próxima semana.
Estudiantes, sindicatos y autoridades de las universidades estatales se oponen al traslado de ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a una transferencia de capital, incluida en el proyecto de Presupuesto 2020.
La medida del Ministerio de Hacienda se pactó en el acuerdo del FEES. Obliga a las universidades a invertir esos fondos en infraestructura y equipo; en vez de salarios, becas, proyectos de acción social o investigación. Pero el Consejo Nacional de Rectores (Conare) asegura que no se debe tocar el FEES. Ya los diputados acordaron recortar la cifra a ¢35.000 millones.
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La Uccaep pidió a las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA) investigar y castigar a los alumnos que realicen actos vandálicos.
El martes, el presidente del Conare, Henning Jensen, denunció que esa movida del Ministerio de Hacienda pone en riesgo el funcionamiento de las casas de enseñanza en 2020.
Hacienda se sacudió las críticas y aseguró que la partida abrirá la posibilidad de utilizar otros recursos de las universidades. El Fondo Especial representa solo el 70% de las partidas globales de los centros de educación superior.
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Castigo al vandalismo
El movimiento estudiantil inició una serie de protestas, que incluyen la toma de edificios académicos y bloqueos de vías. Además realizaron grafitis en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y Rectoría de la UNA.
“El sector empresarial hace un llamado a los jerarcas para que investiguen y castiguen a los estudiantes involucrados en los actos vandálicos”, indica el comunicado de la Unión de Cámaras.
Las instalaciones de la sede Rodrigo Facio serán objeto de una valoración; solicitada por el fideicomiso de la UCR y el Banco de Costa Rica (BCR), propietaria del edifico de Ciencias Sociales.
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Crítica al consentimiento
Los empresarios cuestionaron también las declaraciones dadas por autoridades de la Universidad de Costa Rica, que consienten los hechos presentados en las protestas universitarias.
“No es de recibo que autoridades de esa institución consientan estos actos (vandálicos), con expresiones condescendientes”, dijo la Unión de Cámaras.
En otro comunicado, el rector de la UCR, Henning Jensen, coincidió con el fondo de las manifestaciones, mas no con la forma.
“Puedo diferir en las formas en que se expresa esa molestia, pero considero legítima su indignación”, señaló el académico.
Su homólogo de la Universidad Nacional, Alberto Salom, llamó a la unidad de estudiantes, profesores y administrativos; así como a “no dejarse llevar por grupos con intereses muy alejados a las tradiciones y valores” de dicho centro educativo.
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Paulo Villalobos
