Paula Ruiz
Representantes del sector empresarial lamentaron la decisión del Gobierno de vetar parcialmente la iniciativa de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Además, consideraron que el veto se gestó por “temores infundados”, lo cual repercutirá en un freno al desarrollo de empresas, generación de empleo y reactivación económica.
Así lo manifestaron mediante un comunicado de prensa emitido por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep),
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“Esta Ley permitiría generar fuentes de trabajo en zonas rurales en donde el desempleo afecta a 114 mil personas, de las cuales un alto porcentaje es no calificado”, consideró Uccaep.
“El veto es injustificado dado que es el propio Poder Ejecutivo el que, mediante la reglamentación a la ley, le daría viabilidad a la misma en un plazo de seis meses contados a partir de su publicación”, continuó.
Veto parcial
El veto parcial del Ejecutivo a este proyecto de ley comprende los artículos 5, 25 y 26, aprobados el 13 de enero por la Asamblea Legislativa en segundo debate.
El numeral 5, establece el aprovechamiento del cáñamo. Allí se especifica que es “libre el cultivo, la producción, industrialización, la comercialización de cáñamo y o de cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales”.
Se indica que no requiere autorización previa sin perjuicio de las licencias y los permisos requeridos para la actividad productiva agropecuaria o industrial.
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El Gobierno lo objetó por la referencia al “libre cultivo” y no hay interés en buscar una carga impositiva al cáñamo.
Mientras tanto, el 25 y 26 se refieren al autoconsumo y autocultivo; el interés del Poder Ejecutivo es eliminar por completo esos artículos.
La base del Ejecutivo para oponerse a estos dos últimos artículos se fundamenta en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una circular del 2014, el ente recuerda a sus Estados partes que “deben limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”.
Ahora, el Congreso tiene un mes para rendir un informe en el que indique si acoge o no las recomendaciones del Gobierno.
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