Paula Ruiz
Los empresarios se oponen al proyecto de trazabilidad de licores, pese al consenso de varias fracciones con la iniciativa que está lista para su votación en Plenario.
El plan pretende obligar a que toda bebida alcohólica contenga una etiqueta y sea monitoreada para disminuir el contrabando.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) asegura que el Congreso no le consultó su criterio.
Para este sector, la colocación de dispositivos en todos los productos de bebidas alcohólicas generará un costo adicional.
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“Si lo asume (el costo) el Gobierno se convierte en un gasto adicional que no trae beneficios reales. Y si lo asume la industria sería una carga más que desestimularía la inversión”, señaló el José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.
Jenkins recordó la severa crisis fiscal que enfrenta el país, en caso de que el Poder Ejecutivo asuma el costo.
José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep, advirtió sobre el impacto negativo de este proyecto de ley.
El consenso
La iniciativa que se tramita mediante el número de expediente 20.961 podría avanzar este miércoles en Plenario.
Hay una moción de consenso respaldada por varias fracciones como Partido Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional, Integración Nacional y Frente Amplio, entre otras.
En ella se incluyen observaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. Una relacionada con estudios de costo-beneficio.
Falta de estudios
La falta de estudios técnicos y presupuestarios que respalden la inversión forman parte de la objeción del sector privado.
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La moción indica que previo a la implementación de la herramienta tecnológica “se producirá un claro beneficio para el interés general de la conectividad”.
“El Ministerio de Hacienda podrá coordinar con una institución académica de educación superiores y de derecho público, la realización del estudio de costo beneficio de interés público”, indica el texto.
Eso sí, no podrán participar personas físicas, jurídicas o de hecho que estén directa o indirectamente relacionados con la industria de los licores.
El texto también advierte que, en caso de requerir la contratación de un proveedor externo, deberá regirse con la Ley de Contratación Administrativa y los parámetros de una licitación “pública, abierta y transparente”.
La iniciativa es impulsada por el liberacionista Daniel Ulate y su primer filtro se efectuó en la Comisión de Asuntos Económicos.
En Golfito, recientemente se implementó una medida de este tipo sin el éxito esperado.
“Por ello, este tema también debería ser analizado por los diputados y por la Contraloría General de la República para entender el impacto negativo que tendría este proyecto de ley (de trazabilidad de licores)”, concluyó Uccaep.
La iniciativa es impulsada por el liberacionista Daniel Ulate (derecha).
