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Empresarios señalan que el Gobierno incumplió acuerdos en proyecto de Ley de Renta Global

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Tiempo de Lectura: 2 minutosLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirmó estar preocupada por el impacto que pueden tener la aprobación de nuevos impuestos en los proyectos de ley del FMI.

Además, señala que el Poder Ejecutivo incumplió con los acuerdos que se suscribieron en el Diálogo Multisectorial y que eso generará afectación en la reactivación económica, inversión y generación de empleo.

Una de las principales preocupaciones es referente al proyecto de Ley de Renta Global, afirmando que el sector empresarial lo conoció hasta que la propuesta se presentó en la Asamblea Legislativa.

Uccaep afirma que se había acordado que los sectores lo pudieran revisar antes de su presentación.

“Una de las medidas que afecta a la clase media es el mínimo exento en renta. Hoy el mínimo exento es para las personas asalariadas hasta por los ¢842.000 mensuales, mientras que en la propuesta de renta global dual se establece un mínimo vital anual que bajaría el monto mensual para los asalariados a los ¢683.000”, dice Uccaep.

Aunque así está establecido, el Gobierno presentó una moción que aumentaría el mínimo a alrededor de ¢703.000. Esa moción no ha sido sometida a discusión y votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

OBSERVE MÁS: Corte envía proyecto de ley de Empleo Público por segunda vez a la Sala IV

Más incumplimientos

Uccaep señaló varios elementos más de los acuerdos del Diálogo Multisectorial que afirman no cumplió el Ejecutivo.

Uno de ellos es la deducibilidad de gastos de las personas físicas, relacionados con créditos financieros, gastos médicos y de educación, como un beneficio para la clase media. Sin embargo, el proyecto de ley excluye esta deducibilidad.

“También se acordó que la tarifa a las empresas tendría un techo del 27,5%; sin embargo, se mantiene la tasa del 30%”, añadió.

Finalmente, dice la Unión de Cámaras, se acordó la aplicación de la renta global no antes del 2023; sin embargo, en el proyecto se establece que regiría a partir de enero del 2022.

“A criterio del sector empresarial, estos incumplimientos de lo pactado en la Mesa de Diálogo afectarían directamente la generación de empleo y la urgente reactivación. Esto, sumado a los cambios en el impuesto a lo que el Ejecutivo define como casas de lujo, golpearía a la clase media del país”, señaló José Álvaro Jenkins; presidente de Uccaep.


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